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| Presidente Danilo Medina |
Santo Domingo;-Al margen de los logros que
el gobierno ha alcanzado este año que casi termina, el presidente
Danilo Medina también ha tenido que afrontar temas neurálgicos,
situaciones en el orden económico, social, institucional e incluso de
carácter diplomático.
En el transcurso de este 2013, el gobernante tuvo
que hacer frente a aspectos tan importantes como a los efectos de la
entrada en vigencia de una reforma fiscal; continuar con un manejo
frugal o austero de las finanzas públicas; modificar el contrato entre
la Barrick Gold y el Estado dominicano para la explotación de la mina
Pueblo Viejo, Cotuí y revisar el contrato de administración de los
peajes.
También, otro tema considerado delicado, es el de
la fricción en la relación entre la República Dominicana y Haití, a raíz
de la veda a varios productos nacionales; a lo que se suma la sentencia
168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que define la nacionalidad
dominicana, lo que ha generado un debate interno y externo, por afectar
principalmente a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana nacidos en
territorio dominicano.
Además, el tema de la delincuencia y la
criminalidad, que para abordarlo el Gobierno delineó y puso en ejecución
el “Plan de Seguridad Ciudadana” que integra a las Fuerzas Armadas en
la labores de patrullaje como medidas preventivas.
Asimismo, inició el abordaje de los pactos
eléctrico y educativo y tuvo que manejarse ante los reclamos de diversos
sectores por aumento salarial.
ACTIVISMO POLÍTICO DE FUNCIONARIOS
En el aspecto político, en los últimos meses el
presidente Medina enfrenta también el activismo político de varios de
sus funcionarios con aspiraciones presidenciales por el oficialista
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), situación considerada a
destiempo por algunos sectores, incluso a lo interno de la organización
política.
TEMAS PENDIENTES
Entre los grandes temas que el Gobierno aún tiene
por delante están: lograr concretar los pactos por la educación, ya en
proceso de consulta, y el eléctrico, iniciado con la adjudicación para
la construcción de dos plantas a carbón de 300 megavatios, así como la
reestructuración del servicio exterior.
Respecto a este último tema, y tras el manejo en
escenarios internacionales de los efectos de la sentencia del TC, se ha
planteado la necesidad de que la República Dominicana redefina su
política exterior para que, en casos como estos, haya una efectiva
defensa ante otras naciones y organismos internacionales.
REFORMA TRIBUTARIA
Desde enero del 2013, el país opera con un
sistema tributario con mayores cargas en las tres fuentes susceptibles
de ser gravadas con impuestos-ingreso, consumo y patrimonio- y con
menores exenciones de impuestos, que encontró el rechazo de amplios
sectores sociales.
Recientemente, el propio presidente Medina confesó
que se esperaba que con la entrada en vigencia de la reforma se
produjeran disturbios sociales, ya que la misma era rechazada por todos
los sectores, por ser considerada la más amplia del sistema impositivo
dominicano.
Los nuevos impuestos creados por la reforma
tributaria, con la que se buscaba fortalecer la capacidad recaudatoria
del Estado, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo sostenible, son
parte de la estructura impositiva del país.
Sin embargo, este año el Estado ha dejado de
percibir unos 10 mil millones de pesos como consecuencia de la
posposición de la aplicación de una serie de disposiciones establecidas
en esta reforma tributaria.
Se recuerda que entre las disposiciones
establecidas en esa reforma que no se cumplieron está el alza del costo
en el derecho de circulación de los vehículos de motor (placas o
marbetes), cuya aplicación se anunció será en el año 2014.
Aunque una parte de los recursos que se han
dejado de percibir por la no aplicación de esas disposiciones se
compensaron con los recursos que recibió el fisco tras la modificación
del contrato con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.
Como resultado del acuerdo arribado, en el mes de
mayo, entre el Gobierno y la empresa minera a través del cual
fue modificado el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos
Mineros (CEAM), el Estado dominicano logró percibir un porcentaje mayor
por las operaciones de la compañía.
El acuerdo garantiza que, a un precio promedio del
oro de US$1,600/oz, el Gobierno, recibirá ingresos de alrededor de
US$11,615 millones durante la vida del proyecto.
Este monto equivale al 51.3% del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1%, que recibiría con el acuerdo anterior.
Además, se acordó el pago retroactivo de US$36.4
millones de dólares por parte de la empresa minera, en concepto de
impuesto mínimo sobre los ingresos brutos generados por las
exportaciones de oro y plata, realizadas entre el 13 de noviembre y el
31 de diciembre de 2012.
SENTENCIA TC Y REGULACIÓN EXTRANJEROS
Tras la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal
Constitucional en el mes de septiembre, que niega la nacionalidad a los
hijos de inmigrantes ilegales y afecta, principalmente, a los haitianos,
se acentuó la fricción en la relación entre República Dominicana y
Haití, ligeramente afectada por la prohibición por parte de las
autoridades del vecino país a la entrada de varios productos criollos.
El fallo del TC, que establece principalmente que a
las personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros
en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad, ha sido
calificado como aberrante, discriminatorio, racista e inconstitucional
por organismos y entidades nacionales y extranjeras.
La sentencia también manda a la ejecución de un
Plan Nacional de Regularización de los Extranjeros que residen
ilegalmente en el país, mismo que el Gobierno ha garantizado seguirá
implementando respetando los derechos humanos.
Mientras este se realiza, en un plazo de 18 meses, quedan suspendidas las deportaciones.
Entre las organizaciones internacionales que han
criticado el contenido del fallo judicial, están la Oficina del Alto
Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR), la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comunidad del
Caribe (Caricom), la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), UNICEF o Amnistía Internacional.
En el caso de Caricom, este bloque regional
suspendió la evaluación de solicitud que hiciera el presidente Medina
para que la República Dominicana se incorporada.
Mientras que la CIDH envió una comisión al país,
que permaneció por cinco días haciendo consultas, y en su informe
denunció que un número indeterminado pero muy significativo de
dominicanos han sido privados "arbitrariamente" de su nacionalidad con
el fallo del TC.
De acuerdo al levantamiento realizado por la Junta
Central Electoral al libro de extranjería, en la República Dominicana
hay 53,847 hijos de padres extranjeros, de un total de 117
nacionalidades, de los cuales 24.392 fueron inscritos de forma
irregular, y que deberán acogerse al Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros.
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