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DICTAMEN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EL CARICOM EMITIÓ AYER UN COMUNICADO RECHAZANDO LA SENTENCIA
Haití ha lanzado una ofensiva
diplomática para conseguir el apoyo de la región contra el fallo del
Tribunal Constitucional que define las condiciones para obtener la
nacionalidad dominicana, pero que según algunas organizaciones niega ese
derecho a los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano,
entre ellos miles de personas de ascendencia haitiana.
El resultado de la iniciativa haitiana es un llamado hecho
ayer por la Comunidad del Caribe (Caricom), que pidió a República
Dominicana adoptar medidas “que protejan los derechos humanos y los
intereses de aquellos que son vulnerados por este fallo y de sus
lamentables efectos”.
De manera particular, desde la semana pasada, también han
manifestado su preocupación o han condenado el dictamen el primer
ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph E. Gonsalves; el
secretario general del Caricom, Edwin La Roque; el ex titular de ese
organismo y ex primer ministro de Jamaica P. J. Patterson, la primera
ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y la canciller de
Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett.
El pasado 23 de septiembre, el Tribunal
Constitucional determinó que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana
Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana
porque nació de padres cuya condición de “extranjeros en tránsito” (sin
residencia legal en el país) la excluye de optar por ese derecho. Debido
a la sentencia, la Cancillería haitiana llamó a consulta a su embajador
en Santo Domingo, Fritz N. Cinéas, y convocó al representante
dominicano en Haití, Rubén Silié, a quien le expresó su “desacuerdo y
preocupación” por el dictamen.
Días después, el ministro de Relaciones Exteriores de
Haití, Pierre Richard Casimir, inició un recorrido por el Caribe que
ayer resultó en la condena del Caricom al dictamen del tribunal
dominicano.
“La decisión es contraria a los pronunciamientos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado
repetidamente a República Dominicana a tomar medidas que garanticen el
derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigración y prácticas
acordes con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos”,
señaló el bloque en un comunicado dado a conocer en su sede en Guyana.
Entre tanto, el primer ministro de San Vicente y las
Granadinas, Ralph E. Gonsalves, envió una carta al presidente dominicano
Danilo Medina en la que se mostró contrariado y “profundamente
entristecido” por el fallo del tribunal, que pone a su país en riesgo de
convertirse en un “paria” en la región, según informó ayer el periódico
haitiano Le Nouvelliste.
De su lado, la primera ministra de Trinidad y Tobago,
Kamla Persad-Bissessar, citada también por Le Nouvelliste, calificó la
decisión del tribunal como un acto discriminatorio, y consideró que los
demás países de la región deben interesarse en buscar una solución al
problema.
Persad-Bissessar destacó el papel de Haití como miembro
pleno del Caricom, cuyos países están llamados a jugar un papel mayor,
“dentro de un contexto en el que República Dominicana busca integrarse a
la organización”, en referencia a la solicitud oficial hecha por Medina
a mediados de este año durante la XXXIV Cumbre del organismo realizado
en Puerto España.
MÁS NACIONES CONTRA EL DICTAMEN DEL TCLA RESPUESTA DE JAMAICA Y GUYANA
El exprimer ministro de Jamaica P. J. Patterson fue otro de los líderes de la región que se manifestó contra el dictamen al llamar a los quince países que conforman el Caricom, a condenar la sentencia que según Le Nouvelliste, intent “desnacionalizar” a miles de personas de origen haitiano.
MÁS NACIONES CONTRA EL DICTAMEN DEL TCLA RESPUESTA DE JAMAICA Y GUYANA
El exprimer ministro de Jamaica P. J. Patterson fue otro de los líderes de la región que se manifestó contra el dictamen al llamar a los quince países que conforman el Caricom, a condenar la sentencia que según Le Nouvelliste, intent “desnacionalizar” a miles de personas de origen haitiano.
También la canciller de Guyana, Carolyn Rodrigues-
Birkett, cuya oficina emitió un comunicado en el que señala que el fallo
es “una violación a los derechos humanos y políticos” de los ciudadanos
afectados, y que el impacto de la implementación del mismo “podría ser
catastrófico”.
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