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Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina |
Palma de Mallorca (España), 23 feb (EFE).- El
yerno del Rey de España, Iñaki Urdangarin, dijo hoy que la Casa Real
nunca autorizó o avaló los negocios del Instituto Nóos que él presidió, y
desvinculó a su esposa, la infanta Cristina, de las actividades de esta
fundación que presuntamente desvió millones de euros de fondos
públicos. Urdangarin declaró hoy ante el juez de instrucción José
Castro, un año después de haber comparecido por primera vez imputado en
esta causa que investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de
euros de las administraciones regionales de Baleares y Valencia al
Instituto Nóos entre los años 2004 y 2007.
Apartado de las actividades oficiales de la
Familia Real desde diciembre de 2011, tras su imputación, Urdangarin, de
45 años, comenzó su comparecencia leyendo una declaración en la que
aseguró que la Casa del Rey "no opinó, asesoró, autorizó o avaló las
actividades" que desarrollaba Nóos.
El exjugador de balonmano, casado con la hija
menor del monarca desde 1997, también señaló que, por el contrario, la
Casa del Rey le recomendó que dejara de realizar dichas actividades -en
referencia a sus contratos presuntamente irregulares con
administraciones públicas- porque no las consideraba adecuadas para su
estatus institucional, y que él así lo hizo.
Mientras se desarrollaba su declaración, varios
centenares de personas se manifestaban fuera del juzgado de Palma de
Mallorca (Islas Baleares) en contra de la Monarquía y a favor de la
República, y gritando eslóganes como "Los borbones a los tiburones" o
exigiendo "justicia para todos".
La indignación popular creada por la presunta
vinculación de Urdangarin con este caso de corrupción, en medio de la
grave crisis económica que vive España, llevó hace una semanas al
Ayuntamiento de Palma de Mallorca a eliminar el nombre de los Duques de
Palma de una popular avenida de la ciudad.
En su declaración de hoy, Urdangarin negó también
que tuviera lugar alguna reunión en el Palacio de la Zarzuela (la
residencia de los Reyes de España) para preparar la cumbre Valencia
Summit, uno de los eventos organizados por Nóos y con los que
supuestamente este instituto se apropió de millones de euros públicos.
El yerno del Rey Juan Carlos rechazó asimismo que posea cuentas bancarias en Suiza y utilice testaferros.
Según informaron a Efe fuente jurídicas,
Urdangarin aseguró además, que en marzo de 2006, por consejo de la Casa
Real, se desmarcó del Instituto Nóos.
Urdangarin y su abogado impugnaron, además, los
correos electrónicos entregados al juez por el exsocio en Nóos, Diego
Torres, también imputado en la causa y que trata de demostrar que el
yerno del Rey Juan Carlos tomaba decisiones en el instituto y su
entramado empresarial.
"Muchas gracias", es lo único que dijo el yerno
del Rey, con semblante serio, a los informadores que le esperaban a la
salida de los juzgados.
No era hoy una jornada fácil para el duque de
Palma, que compareció en una pequeña sala de vistas de 35 metros
cuadrados bajo la imagen de una foto del Rey, su suegro, y unas 40
personas entre el juez, los fiscales y los abogados.
El secretario personal de las hijas del Rey, las
infantas Elena y Cristina, Carlos García Revenga, también declaró hoy
como imputado ante el mismo juez de instrucción.
García Revenga aseguró que, aunque era tesorero
del Instituto Nóos, ni manejaba sus cuentas ni participó en la
administración de esta entidad investigada por la presunta malversación
de fondos públicos.
La Casa del Rey anunció el pasado 30 de enero que
mantendría a García Revenga en su puesto de asesor y secretario de las
infantas y no tomaría ninguna decisión sobre él antes de su
comparecencia como imputado.
De los miembros de la junta directiva, la infanta Cristina, que era vocal, es la única no imputada en este caso.
A lo largo de la investigación, el juez Castro ha
constatado "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental,
prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a
la Administración y tráfico de influencias.
Para cubrir las posibles responsabilidades civiles
del caso, el juez Castro impuso el pasado 30 de enero una fianza
solidaria de 8,2 millones de euros (casi 11 millones de dólares) a
Urdangarin y Torres, que no han depositado.
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