Era vox populi que, a raíz de un incendio que no tuvo mayores repercusiones en el mismo lugar de la fatídica explosión del día 14, los riesgos de un accidente seguían latentes.
Quince días después, al revelarse el informe de la investigación realizada por el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, no queda menos que culpar de la tragedia a una falla en la supervisión de los negocios que manejan sustancias inflamables.
Y, en adición a este descuido elemental, a otra todavía más grave: a la falta de consecuencias legales que procedían luego de que la fábrica en la cual se originó la explosión no tomara medidas correctivas para evitar el trágico imponderable.
Por ejemplo, las autoridades no hicieron cumplir a la empresa el retiro de un producto llamado Peróxido orgánico, altamente inflamable y explosivo, que había sido detectado en el incendio de marzo.
Lo de San Cristóbal, en mayor o menor escala, ha ocurrido en otras partes del país.
Y lamentablemente seguirán ocurriendo porque las instituciones responsables de mantener una estricta y permanente supervisión de los lugares que manejan combustibles, se descuidan demasiado.
Este es uno de los ejemplos palpables e indiscutibles.
Establecer ahora que la explosión se debió a una acumulación de gases y materiales inflamables no subsana el dolor, la destrucción y el efecto traumático que ella produjo.
Quedará como otra más de las tragedias evitables que se desencadenaron por fallas de supervisión, tan parecidas a las que afectan las edificaciones públicas que se dañan y no se reparan, porque no tienen dolientes.Tomado del editorial de
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