Se repite la historia: esta vez tocó a la comedia. Diputados de oposición bajo la consigna “esta lucha no se para ni con bombas ni con balas”, se retiraron de la sesión del jueves último por inconformidad con una decisión de la Junta Central Electoral.
“¿Qué tiene que ver el trasero con la pestaña?”, suele decir un amigo ante actuaciones incongruentes.
La JCE decidió que el 20 por ciento de reservas de candidaturas se realizara por niveles de elección y no del total de las nominaciones de un partido.
La ley de partidos y agrupaciones políticas es clara en su art. 58 sobre reservas y consigna “un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalentes al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidos por la Constitución y las leyes”.
En 2019 cuando el PRM, opositor, intentó reservar 29 candidaturas a senador, el Tribunal Superior Electoral lo obligó a reducirlas a 6, el equivalente a un 20 por ciento. Los perremeistas aspiraban a reservar el 20 por ciento de la totalidad de las candidaturas, lo que hoy reclaman los opositores, mientras el actual partido oficial apoya lo que rechazaba hace cuatro años.
Legisladores que aplazaron por casi 20 años la reforma de las leyes electoral y de partidos y que solo se abocaron a su conocimiento apresurado para sacar provecho de un proceso interno y de unas elecciones nacionales, hoy registran pésimas actuaciones sobre las tablas congresuales. El Tribunal Constitucional distrajo su tiempo para corregir los entuertos.
El PLD y la FP cuando actuaban bajo un solo color pudieron dar al país sólidas y completas leyes, sin resquicios para interpretaciones que permitieran a la JCE un instrumento legal eficaz y transparente para organizar los procesos electorales y regular el comportamiento de los actores políticos.
El PRM, en el gobierno, también perdió un precioso tiempo para hacer las reformas de las sugerencias entregadas por la JCE al inicio de la gestión del actual equipo. Se abandonó la ley de partidos, donde figura el artículo objeto de la controversia y se desecharon propuestas que mejoraban la regulación sobre financiamiento, tiempo de campaña, espacio igualitario para la mujer, entre otros.
(En muchos legisladores había la intención de que perecieran los dos proyectos, bajo el alegato de falta de tiempo (prevalerse de su falta), pero el presidente de la comisión Ricardo de los Santos, apuró a sus colegas y se aprobó uno de los dos proyectos.)
Lamentablemente, por conveniencias circunstanciales, se optó por el viejo camino de legislaciones con lagunas, y dar la responsabilidad al órgano de reglamentar aspectos en consulta con los partidos, que estos eventualmente protestarán con recursos altisonantes que menoscaben al árbitro.
Los partidos y sus rémoras juegan a la conveniencia política sin importarles el presente y futuro institucional del país.
Saben que no es una asamblea entre más de 20 partidos y la Junta con definición por “mayoría de votos”, sino una oportunidad para que opinen previamente sobre una resolución en elaboración.
La Junta los escuchó y tomó una decisión que los partidos antes de plantear la reconsideración o llegar a los tribunales, optaron por abandonar sus ocupaciones en la Cámara de Diputados y amenazar con “tomar las calles”.
En definitiva, la tradición dominicana es colocar banderillas al árbitro, para luego alegar irregularidades y justificarse ante los seguidores. En 2004 Hipólito Mejía intentó una imposible reelección después de la quiebra bancaria, y ante el natural rechazo en las urnas alegó fraude, que se habría cometido desde la oposición…
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