El presidente Luis Abinader luego de un viaje al sur del continente con intensa agenda y el necesario descanso de fin de semana, está obligado a tensar toda su fuerza creativa para enfrentar desafiantes dificultades económicas y políticas herencias de la pandemia covidiana y las generadas por la guerra europea.
Las medidas anunciadas hasta el momento lucen tímidas, algunas atadas a aprobaciones congresuales, quizás porque el gobierno privilegia el relato de sus logros económicos y se distancia del discurso churchilliano de “sangre, sudor y lágrimas”. La precipitación de la campaña electoral pudiera explicar la riesgosa opción.
El mandatario pudo haber encontrado el país envuelto en protestas violentas, si su gobierno hubiese traspasado el total del impacto local del aumento de precios del petróleo espoleado por la guerra en Ucrania.
El gobierno asumió RD$1, 354 millones, según el Ministerio de Industria y Comercio que alertó que las alzas oscilaban entre los 30 y los 100 pesos. No lograron liberarse de fuertes aumentos de precios el avtur, kerosene y el fuel oil, utilizados en la aviación y en la generación eléctrica. (La factura registra aumentos escalonados desde enero como parte del desmonte de subsidios, acordado en el pacto eléctrico).
Pese al subsidio a los transportistas, hay temores de los ciudadanos de a pie sobre aumentos en los precios de los pasajes, ya que los acuerdos con las autoridades son previos a la descomunal alza petrolera de las últimas dos semanas.
Sectores productivos lucen inquietos ante un problema de factura externa, aunque el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu en un encuentro centroamericano destacaba la resiliencia de la economía nacional y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla sostuvo el miércoles último en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que “hasta el momento la República Dominicana tiene los medios para enfrentar los desafíos económicos que provoca la guerra entre Rusia y Ucrania”.
La oposición política, que se alejó del escenario de discusión de la reforma constitucional ante el Consejo Económico Social ha cuestionado la respuesta presidencial a la crisis, fundamentalmente la reducción de aranceles a materias primas importadas, bajo el alegato de que afecta a productores nacionales y la supuesta desprotección de los sectores de clase media.
Además, ante la generosa ampliación de programas sociales, opositores recelan, con el pensamiento puesto en 2024, y entonces cuestionan la posibilidad de que el gobierno obtenga esos extraordinarios recursos.
Las durezas del extemporáneo momento electoral salen a relucir y los opositores rehúsan concesiones por factores externos, y se limitan a citar daños por los aumentos de precios en servicios y productos de alto consumo.
Los discursos convergen en la supuesta incapacidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno en resolver los problemas cotidianos y el alegado olvido de promesas de campaña. La inseguridad es tema recurrente.
Mientras esto ocurre, el partido oficial luce distraído en problemas internos, como buen hijo del PRD, sin posibilidad de orquestar una coherente defensa de la gestión abinaderista.
Por el contrario, Abinader tendrá que utilizar parte de las energías que precisa para enfrentar la crisis del país en liderar la solución de la guerrita fratricida, surgida ante la inminencia de elegir nuevas autoridades partidarias.
Y eso es una mala noticia para el país, porque el momento exige un presidente centrado en la solución de problemas insospechados hace meses, y sus funcionarios, algunos que solo cuidan sus espacios vitales y dirigentes perremeistas cohesionados en un propósito común.
Tango para acoplar a los perremeistas, mientras esperamos a los argentinos que recibirán clases gratis de merengue.
(Abinader no tiene la culpa de la impopularidad del presidente argentino Alberto Fernández).
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