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lunes, agosto 24, 2020

21,000 millones en 14 días

El Director Nacional de Presupuesto, José Rijo Presbot, hizo el pasado viernes una denuncia escalofriante. Desde el palacio nacional reveló que el gobierno saliente pago desde el 29 de julio al 14 de agosto solo correspondiente al Ministerio de Obras Publicas y OISOE, 21 mil millones de pesos, sin tener los soportes correspondientes, ni cumplir con los procedimientos de control establecidos en las leyes para efectuar pagos del Estado. Sin dudas, la grave denuncia implica prima facie, la comisión de crímenes e infracciones tales como coalición de funcionarios, desfalco y prevaricación, por lo que el nuevo gobierno no puede limitarse a la denuncia publica de algo tan grave. Esta obligada legalmente por la ley 672-82 y el artículo 264 del Código Procesal Penal a denunciar y perseguir el castigo de estos graves hechos ante la justicia, so pena de convertirse en cómplice de los infractores.
El articulo 264 del CPP establece textualmente lo siguiente: “Tienen la obligación de denunciar acerca de todas las infracciones de acción publica que, en el ejercicio o en ocasión de este, lleguen a su conocimiento:
Los funcionarios públicos… El denunciante, que es una persona hoy funcionario que ha demostrado gran valentía y responsabilidad, debe depositar la denuncia correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 263 del Código Procesal Penal, sobre la forma y contenido de la denuncia por ante la Procuraduría General de la República, y el Estado constituirse en actor civil, creando una unidad especializada tipo task force para localizar y recuperar el dinero pagado por el Estado de forma irregular, lo que es relativamente fácil, puesto que el Estado paga por transferencia bancaria, y los hechos se cometieron en un lapso menos de 45 días a la fecha de hoy. ¿Que hacer con los terceros y empresas que recibieron los pagos? En mi opinión, lo justo es darles un plazo de 72 horas para que voluntariamente depositen el dinero recibido a través de pagos irregulares del Estado a una cuenta del Banco de Reservas, a los fines de que el Estado pueda depurar los expedientes de soporte.
Y el que este correcto pueda validar su pago legitimo y el que se rehusé deberá ser tratado por el Estado y el Ministerio Publico como sospechoso de ser testaferro o estar en connivencia con los funcionarios que cometieron el delito de pagar al margen de lo que dice la ley.
Creo que los nombramientos de la magistrada Miriam German y Yeni Berenice Reynoso han sido trascendentales para el país. Pero, lo numeroso y la magnitud de los actos de corrupción que les tocara investigar son tan grandes que requerirán de la formación de un grupo de fiscales especializados, incluyendo abogados, que, conforme al CPP, pueden ser designados a esas tareas, para la investigación y el sometimiento de expedientes bien instrumentados, y con la obvia coordinación de los organismos de inteligencia del Estado para recuperar los bienes robados, que son muchos.
El pueblo voto masivamente por mi amigo Luis Abinader y lo hizo presidente el 5 de julio, hastiado por la corrupción sin precedentes al que llego el gobierno anterior que encabezo el presidente Danilo Medina, ese pueblo quiere hoy castigo ejemplar contra esos funcionarios, con un Ministerio Publico independiente, que ya lo tenemos.
Pero, además con una firme voluntad política del gobierno de llevar estos grandes casos de corrupción a la justicia e iniciar la recuperación de miles de millones de pesos, que pueden ser perfectamente recuperados. si esa voluntad política superior se expresa. Afortunadamente la denuncia de José Rijo Presbot apunta a que, si existe esa voluntad, y eso alegra a este pueblo, que respaldara al gobierno y a su nuevo presidente en esa suprema tarea.
Por Vinicio A. Castillo Semán ;-
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