El Director Nacional de Presupuesto, José Rijo Presbot, hizo el
pasado viernes una denuncia escalofriante. Desde el palacio nacional
reveló que el gobierno saliente pago desde el 29 de julio al 14 de
agosto solo correspondiente al Ministerio de Obras Publicas y OISOE, 21
mil millones de pesos, sin tener los soportes correspondientes, ni
cumplir con los procedimientos de control establecidos en las leyes para
efectuar pagos del Estado. Sin dudas, la grave denuncia implica prima
facie, la comisión de crímenes e infracciones tales como coalición de
funcionarios, desfalco y prevaricación, por lo que el nuevo gobierno no
puede limitarse a la denuncia publica de algo tan grave. Esta obligada
legalmente por la ley 672-82 y el artículo 264 del Código Procesal Penal
a denunciar y perseguir el castigo de estos graves hechos ante la
justicia, so pena de convertirse en cómplice de los infractores.
El articulo 264 del CPP establece textualmente lo siguiente: “Tienen
la obligación de denunciar acerca de todas las infracciones de acción
publica que, en el ejercicio o en ocasión de este, lleguen a su
conocimiento:
Los funcionarios públicos… El denunciante, que es una persona hoy
funcionario que ha demostrado gran valentía y responsabilidad, debe
depositar la denuncia correspondiente conforme a lo establecido en el
articulo 263 del Código Procesal Penal, sobre la forma y contenido de la
denuncia por ante la Procuraduría General de la República, y el Estado
constituirse en actor civil, creando una unidad especializada tipo task
force para localizar y recuperar el dinero pagado por el Estado de forma
irregular, lo que es relativamente fácil, puesto que el Estado paga por
transferencia bancaria, y los hechos se cometieron en un lapso menos de
45 días a la fecha de hoy. ¿Que hacer con los terceros y empresas que
recibieron los pagos? En mi opinión, lo justo es darles un plazo de 72
horas para que voluntariamente depositen el dinero recibido a través de
pagos irregulares del Estado a una cuenta del Banco de Reservas, a los
fines de que el Estado pueda depurar los expedientes de soporte.
Y el
que este correcto pueda validar su pago legitimo y el que se rehusé
deberá ser tratado por el Estado y el Ministerio Publico como sospechoso
de ser testaferro o estar en connivencia con los funcionarios que
cometieron el delito de pagar al margen de lo que dice la ley.
Creo que
los nombramientos de la magistrada Miriam German y Yeni Berenice Reynoso
han sido trascendentales para el país. Pero, lo numeroso y la magnitud
de los actos de corrupción que les tocara investigar son tan grandes que
requerirán de la formación de un grupo de fiscales especializados,
incluyendo abogados, que, conforme al CPP, pueden ser designados a esas
tareas, para la investigación y el sometimiento de expedientes bien
instrumentados, y con la obvia coordinación de los organismos de
inteligencia del Estado para recuperar los bienes robados, que son
muchos.
El pueblo voto masivamente por mi amigo Luis Abinader y lo hizo
presidente el 5 de julio, hastiado por la corrupción sin precedentes al
que llego el gobierno anterior que encabezo el presidente Danilo Medina,
ese pueblo quiere hoy castigo ejemplar contra esos funcionarios, con un
Ministerio Publico independiente, que ya lo tenemos.
Pero, además con
una firme voluntad política del gobierno de llevar estos grandes casos
de corrupción a la justicia e iniciar la recuperación de miles de
millones de pesos, que pueden ser perfectamente recuperados. si esa
voluntad política superior se expresa. Afortunadamente la denuncia de
José Rijo Presbot apunta a que, si existe esa voluntad, y eso alegra a
este pueblo, que respaldara al gobierno y a su nuevo presidente en esa
suprema tarea.
Por Vinicio A. Castillo Semán ;-
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