“La satisfacción de una necesidad, engendra otra”
Máxima económica ,,,,
Máxima económica ,,,,
Santo Domingo;- El “síndrome del lulismo” se refiere al proceso mediante el cual
millones de personas que fueron sacados de la pobreza, se vuelcan contra
el partido que los convirtió en clase media y elevó sus niveles de
ingreso, como le pasó al Partido de los Trabajadores de Brasil liderado
por Luiz Ignácio Lula da Silva.
Este síndrome tiene su explicación en el hecho de que con el ascenso
social, se desatan expectativas ilimitadas que inspiran nuevas
necesidades y nuevas demandas, lo que provoca en el ciudadano el deseo
querer poseer más cosas y lo más pronto posible.
Esto hace del votante
un ente pragmático que no le profesa lealtad ni a siglas, ni a colores,
ni a partido alguno, sólo se enfoca en sus propios intereses y en el
porvenir, sin expresar ninguna gratitud hacia el pasado; y sólo le
mantiene el apoyo al partido que los benefició, siempre y cuando éste
responda a sus nuevos intereses y a sus nuevas necesidades.
La nueva clase media y sus demandas
Y justo eso fue lo que le pasó al Partido de la Liberación Dominicana
(PLD). En sus gobiernos, según estimaciones del Banco Mundial, el
Producto Interno Bruto (PIB) pasó de 18,242 millones de dólares en 1996 a
88,941 millones de dólares el pasado año 2019. Este acelerado
crecimiento empujó hacia arriba a importantes segmentos de la población
que vivían en la pobreza, convirtiéndolos en clase media vulnerable
principalmente urbana. Asimismo, la clase media consolidada y los
sectores productivos se fortalecieron afianzándose una composición
social de alrededor del 30 por ciento de ciudadanos viviendo bajo la
línea de pobreza, 30 por ciento de clase media consolidada, 35 por
ciento de clase media vulnerable y aproximadamente un 5 por ciento de
sectores de ingresos altos. Lo novedoso de esta nueva composición social
es que por primera vez en nuestra historia el conjunto de las clases
medias pasaba a constituir la mayoría del pueblo dominicano, con la
particularidad de estar más educados, más informados y más conectados
que los ciudadanos del pasado.
Sin embargo, en la dirigencia más alta del gobierno y del PLD no se
percataron de la transformación que se operaba en la sociedad dominicana
y continuaron con las prácticas clientelares y autoritarias del pasado,
propias de una sociedad más atrasada dominada por la ignorancia y la
ruralidad. Para la nueva clase media ya no eran suficientes el
crecimiento, la estabilidad y la modernización, ni mucho menos las
dádivas ni los programas sociales; también demandaba institucionalidad,
transparencia, educación y salud de calidad y decencia en la forma de
gobernar. Asimismo, demandaba de mayor seguridad ciudadana, medidas
serias contra la corrupción y mayor control de nuestra frontera. Es
decir, la nueva clase media puso los factores subjetivos de la
institucionalidad y el gobierno decente por encima del crecimiento
económico y la estabilidad. Lo anterior quedó demostrado tanto en las
elecciones municipales como en las congresuales y presidenciales, donde
el PLD sólo ganó en algunas de las provincias y municipios más pobres y
atrasados del país.
La deriva autoritaria y el “uso del poder”
Toda esa miopía política y social terminó en una clara deriva
autoritaria que se inició con la vuelta en nuestra historia del
“asesinato” moral como arma de poder para desacreditar a opositores y
contrarios políticos. El llamado “quirinazo” fue una clara movida
antidemocrática para sacar de juego al único líder que se podía
interponer en el camino de las apetencias continuistas ilimitadas del
presidente Danilo Medina, método utilizado posteriormente contra la
jueza Mirian Germán y el candidato opositor Luis Abinader. A esto le
siguió la imposición de una reforma constitucional en el año 2015 con el
único propósito de beneficiar exclusivamente al presidente de turno
utilizando (en forma innecesaria) “métodos antidemocráticos” para
“torcer” la voluntad de los legisladores. Pero el mayor detonante de la
indignación pública lo provocó el caso ODEBRECHT. La confesión por parte
de la empresa de que había sobornado con más de 92 millones de dólares a
funcionarios del Estado fue la gota que rebosó la paciencia de una
parte importante de la población.
La respuesta del país a esta deriva antidemocrática y a las continuas
denuncias de corrupción fue la Marcha Verde. La clase media, hastiada
de la impunidad, se lanzó a las calles a marchar exigiendo mayor
institucionalidad y transparencia en el manejo del Estado. Sin embargo,
estas manifestaciones contundentes que indicaban que se estaba operando
un cambio en la sociedad eran ignoradas por la cúpula enquistada en el
gobierno y en el partido, lo que hizo que del descontento por la
impunidad, se pasara a la idea de sacar al PLD del poder por la vía
electoral como única forma de retornar a los canales institucionales y a
la política decente.
Imposición de un candidato y la división
Pero este sólo fue el comienzo, luego siguieron: intervenciones
telefónicas descaradas, presiones para el despido de periodistas
opositores, persecución fiscal a empresarios que apoyaban la oposición,
despido de jueces y fiscales capaces y honestos pero que no respondían a
la línea del poder, intento de compra del congreso para imponer una
tercera reelección consecutiva, intimidación a dirigentes políticos
opositores y del propio partido, cancelación de empleados públicos por
el sólo hecho de ser simpatizantes de líderes opositores, militarización
del Congreso Nacional, presiones descaradas a las Altas Cortes y al
organismo electoral, presentación de expedientes falsos para ensuciar a
candidatos opositores, el uso y abuso de los fondos públicos así como de
los programas sociales para el beneficio antidemocrático del candidato
del gobierno, entre otras acciones de carácter autoritario en las que no
se respetaban los límites institucionales al el ejercicio del poder.
Aunque el mayor error, expresión del autoritarismo imperante, fue
pasarle por encima a dirigentes formados e imponer por la vía del fraude
y el abuso de los recursos del Estado a un candidato oscuro, sin
condiciones políticas y sin raíces en el PLD. Este hecho no sólo llevó a
la división abierta con la salida del doctor Leonel Fernández, sino que
provocó un profundo malestar entre los aspirantes con méritos y entre
los dirigentes y militantes con años de sacrificio partidario, lo que a
su vez generó una segunda división encubierta que también contribuyó con
la derrota en las pasadas elecciones. Ese acontecimiento, al dividir en
dos el voto peledeísta hacía prácticamente imposible alcanzar una
victoria de cualquiera de las partes involucradas. A partir de aquí, el
votante opositor (aproximadamente 65 por ciento del electorado),
convencido de que un partido dividido no gana, puso sus esperanzas en el
candidato que más posibilidades tenía de sacar al PLD del poder.
Miopía, arrogancia y desconexión
Se puede decir, que el PLD fue la víctima de un profundo atraso
teórico y conceptual que le impidió interpretar la sociedad. Prisioneros
de su propio éxito y arrogancia, demostraron un profundo desdén por los
valores democráticos y por el propio pueblo que los había llevado al
poder. En sus actuaciones, no se guardaba ni siquiera la forma y se
exhibía el autoritarismo en forma descarada como quien supone que está
por encima de la sociedad, de la constitución y de las leyes y que
siente que nunca bajará del poder. La sola idea de intentar imponerle al
país, usando todos los recursos del Estado y en contra de alrededor del
70 por ciento de la población, una tercera reelección consecutiva y
luego a un candidato a todas luces incapaz, demostraba el carácter
decadente de un pensamiento antidemocrático que llegó a creer que todo
se puede desde el poder. Al final, la derrota fue el resultado natural
de un partido y un gobierno desconectados de las aspiraciones e
intereses de las fuerzas económicas y sociales que durante 20 años ellos
mismos habían ayudado a crear.
Por Gedeón Santos ;-
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