Observatorio Global,,,,
Santo Domingo;- Por efectos del Covid-19, el presidente de la
República ha solicitado al Congreso Nacional una prórroga del Estado de
Emergencia por 25 días, lo cual lo extendería, como modalidad del
Estado de Excepción, hasta el 25 de mayo.
Sin embargo, esta solicitud de prórroga suscita la inquietud sobre
cómo podría determinarse el momento preciso, adecuado, para reabrir el
país y volver al diario discurrir.
Aunque sobre ese particular no existe todavía, a nivel global, una
respuesta definitiva, resulta incontrovertible, sin embargo, que la
reactivación de la actividad económica y social de cada país dependerá
del nivel de propagación que el coronavirus haya alcanzado.
Esa perspectiva, por supuesto, sólo se obtiene a partir de la
aplicación de un programa masivo de las pruebas de diagnóstico
Covid-19, que es lo que permite establecer el perfil epidemiológico de
una sociedad.
A partir de la determinación de ese ese perfil epidemiológico es que
se pueden diseñar y aplicar las medidas que contribuirán a la
contención de la propagación del virus; y, por consiguiente, a
preservar vidas en un país.
Lamentablemente, en el caso dominicano ha habido incomprensión por
parte de las autoridades gubernamentales acerca de la relevancia de las
referidas pruebas de diagnóstico, por lo que su aplicación no solo ha
resultado un proceso complejo y enigmático, sino hasta misterioso.
En una reciente alocución presidencial, efectuada el 17 de abril,
se anunciaba al país que habíamos alcanzado la cifra de 40 mil pruebas
de diagnóstico. Además, de que teníamos un promedio de aplicación de
mil pruebas diarias, lo cual sería ampliado en breve a dos mil cada
día.
Ese planteamiento del gobierno dominicano produjo una paradoja. Por
un lado, provocaba satisfacción saber que desde el máximo nivel
gubernamental finalmente se le concedía importancia al tema de las
pruebas, hasta el punto de anunciar un avance significativo en la
cantidad a ser aplicada.
Por otro lado, sin embargo, resultaba confuso conciliar las cifras
ofrecidas, de 40 mil pruebas, con las reportadas hasta ese momento por
el Ministerio de Salud Pública, en su boletín 29, que las situaba en
tan solo 13 mil 282.
El calvario de las pruebas
Desde que se detectó la presencia de coronavirus en el país, en
adición al confinamiento de la población, la otra medida que sin
demora debió haber aplicado el gobierno fue la de realizar, en forma
generalizada, pruebas de diagnóstico.
No lo hizo así. El gobierno, primero, estableció limites respecto
de quien podía acceder a esas pruebas; y segundo, elaboró unos
procedimientos burocráticos tan rígidos que convertían en una
verdadera angustia, en un suplicio, el lograr su realización.
De esa manera, la idea de la aplicación ágil, masiva y gratuita de
las pruebas de diagnóstico se convirtió en una gran frustración
nacional. En principio, estuvieron destinadas únicamente a un segmento
de la población, pues sólo podían acudir a su realización personas de
59 años en adelante, con dos o más síntomas de la infección; y aun así,
se requería previamente la indicación de un médico internista,
neumólogo o infectòlogo.
Fue con posterioridad que se concedió autorización a cualquier
profesional médico, que siguiese el protocolo de indicación, ejecutar
la prueba de laboratorio para detectar el Covid-19. Pero en los orígenes
de la pandemia estuvo restringido a los especialistas previamente
indicados.
Conforme a las instrucciones oficiales, lo que normalmente se hace
para realizar las pruebas consiste en marcar una llamada telefónica a
un número indicado. Ahí responde una grabadora que remite, a su vez, a
otra operadora.
La nueva línea, sin embargo, normalmente se encuentra ocupada, o
simplemente se cae. Pero en el caso excepcional de que se logre la
comunicación, las instrucciones que se ofrecen son tan complicadas que
los usuarios se ven desilusionados al no poder satisfacer su petición.
Los que finalmente logran vencer todas las barreras, recibían en
los inicios de la propagación del virus una prueba de PCR, que dura
entre dos y tres horas, y consiste en una técnica de diagnóstico para
detectar los ácidos nucleicos de los microorganismos, así como la
secuencia del genoma en el coronavirus.
Con posterioridad, para acelerar la realización de las pruebas, en
adición a las de PCR, se introdujeron las llamadas pruebas rápidas, las
cuales solo toman entre 10 y 15 minutos para su realización. Estas
consisten en un análisis de sangre que indica si una persona ha sido
infectada y si ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus.
Pero, en principio, hubo restricciones hasta con respecto a los
laboratorios clínicos que podían aplicar las pruebas. Inicialmente
había una concentración, casi total, del Laboratorio Nacional Doctor
Fernando A. Defillò.
Luego se integraron los de Amadita y Referencia; y no fue sino
después de intensos reclamos, que se autorizó la incorporación de
otros provenientes del sector privado.
En fin, la reacción inicial del gobierno para contener la propagación
del coronavirus fue desacertada. No logró comprenderse a tiempo la
importancia de las pruebas como acumulación de la data o información
necesaria para trazar las políticas de contención de propagación de
la pandemia.
Una clara manipulación
Ahora, al anunciar la cifra de 40 mil pruebas realizadas, el
gobierno ha querido transmitir la impresión de que siempre tuvo una
clara visión acerca de la relevancia de las pruebas de diagnóstico
como mecanismo para elaborar su estrategia en contra de la expansión del
coronavirus.
Pero no es cierto que tuviera visión alguna. Resulta difícil
conciliar la cifra de las inventadas 40 mil pruebas con las informadas
en el boletín 29 por el ministro de Salud, en el que se informaba que
se habían efectuado sólo 13 mil 282.
De esa última cantidad de pruebas realizadas, se deduce que nuestro
promedio diario no era de mil pruebas, como olímpicamente señaló el
jefe del Ejecutivo, sino tan sólo de 308. ¿Cómo se deduce eso?
Simple: de la cantidad total de pruebas realizadas (13mil 282),
divididas entre los 43 días transcurridos al momento de la referida
alocución presidencial.
Ante la confusión generalizada, varios voceros gubernamentales
procedieron a aclarar que las 40 mil pruebas realizadas se debían a la
combinación de las PCR y las pruebas rápidas.
Lo que no aclararon esos voceros, sin embargo, es por qué no se
incluye la cantidad de esas pruebas rápidas en los boletines oficiales,
ni tampoco se informa con respecto a sus resultados.
La desmesura alcanzó su clímax el pasado jueves, cuando el ministro
de Salud, al querer despejar la confusión respecto de las cifras
oficiales sobre las pruebas, la ahondó aún más.
En esa ocasión afirmó que en el país ya se habían realizado 43 mil
pruebas rápidas. En el boletín 35, que daba a conocer al público, sólo
constaban, sin embargo, 19 mil 280 pruebas PCR.
¿Qué ocurrió? ¿Por qué tanta incongruencia y desinformación? ¿Por
qué tanto misterio con unas pruebas que bien se sabe no se han
realizado?
Así no se puede continuar. La sociedad dominicana no desea que, por
falta de pruebas, y por ende de estrategia de contención del Covid-19,
el Estado de Emergencia se prolongue por tiempo indefinido.
Por Leonel Fernández ;-
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