Que una autoridad encargada de hacer cumplir la
ley sea la primera en violarla, y probablemente en forma
consuetudinaria, es una grave falta a la confianza que ha depositado en
ella la sociedad para que la custodie del delito.
Cuando una fiscalizadora de Villa Vásquez, en complicidad con cinco oficiales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), planifican y ejecutan, como ha dicho la Procuraduría General de la República, la colocación de drogas en una barbería de esa ciudad, están incurriendo en un acto punible.
Asumiéndolo así, en su total gravedad, la Procuraduría General hizo arrestar y someter a la justicia a la fiscalizadora, ya suspendida, y a los demás integrantes del equipo de la DNCD, los cuales, en su momento, fueron enviados a prisión preventiva por seis meses.
Sin haber agotado el mandato de la medida de coerción y, mucho menos, sin haber cumplido la fiscalizadora la orden de estar encerrada en la cárcel Rafey Mujeres, de Santiago, sino en la de Villa Vásquez, el juez de Atención Permanente de allí le varió la sentencia, mandó a la mujer a prisión domiciliaria y a los agentes de la DNCD a presentarse periódicamente ante la autoridad.
La sociedad, con toda la razón, se ha sentido burlada. Pero es la justicia la que también se burla a sí misma con una decisión de esta naturaleza, porque se está premiando no a delincuentes arrepentidos o capaces de chantajear a jueces, sino a los representantes legales de la autoridad, que han faltado a su deber.
Esto es lo más grave; que los llamados a custodiar, hacer respetar la ley e imponer, en justicia, los debidos castigos a que violan las leyes, hayan sido los representativos --hasta entonces-- de la justicia y el organismo de lucha contra las drogas.
No es este, ni será, el único episodio semejante. Ya se han producido innumerables casos en que las autoridades son las delincuentes, malogrando así el verdadero ejercicio de la justicia, y defraudando bochornosamente a la sociedad, que confiaba en ellas.
Este es un ejemplo patético que la Procuraduría General no debe dejar pasar. Y estamos seguros de que lo revertirá, en justo desagravio a la sociedad.
Tomado del editorial de
de la fecha ;-
Cuando una fiscalizadora de Villa Vásquez, en complicidad con cinco oficiales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), planifican y ejecutan, como ha dicho la Procuraduría General de la República, la colocación de drogas en una barbería de esa ciudad, están incurriendo en un acto punible.
Asumiéndolo así, en su total gravedad, la Procuraduría General hizo arrestar y someter a la justicia a la fiscalizadora, ya suspendida, y a los demás integrantes del equipo de la DNCD, los cuales, en su momento, fueron enviados a prisión preventiva por seis meses.
Sin haber agotado el mandato de la medida de coerción y, mucho menos, sin haber cumplido la fiscalizadora la orden de estar encerrada en la cárcel Rafey Mujeres, de Santiago, sino en la de Villa Vásquez, el juez de Atención Permanente de allí le varió la sentencia, mandó a la mujer a prisión domiciliaria y a los agentes de la DNCD a presentarse periódicamente ante la autoridad.
La sociedad, con toda la razón, se ha sentido burlada. Pero es la justicia la que también se burla a sí misma con una decisión de esta naturaleza, porque se está premiando no a delincuentes arrepentidos o capaces de chantajear a jueces, sino a los representantes legales de la autoridad, que han faltado a su deber.
Esto es lo más grave; que los llamados a custodiar, hacer respetar la ley e imponer, en justicia, los debidos castigos a que violan las leyes, hayan sido los representativos --hasta entonces-- de la justicia y el organismo de lucha contra las drogas.
No es este, ni será, el único episodio semejante. Ya se han producido innumerables casos en que las autoridades son las delincuentes, malogrando así el verdadero ejercicio de la justicia, y defraudando bochornosamente a la sociedad, que confiaba en ellas.
Este es un ejemplo patético que la Procuraduría General no debe dejar pasar. Y estamos seguros de que lo revertirá, en justo desagravio a la sociedad.
Tomado del editorial de
de la fecha ;- 
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