El narcotráfico y los feminicidios han ido
creciendo sin contención ni castigos ejemplares, lo que revela hasta
qué punto han quedado diezmadas las únicas fuerzas que tiene una
sociedad para defenderse de esos flagelos.
Ni la ley ni los valores morales que han constituido las salvaguardas
del orden, la institucionalidad y la convivencia, han resultado
suficientes para evitar el expansionismo de estos graves delitos, pese
al dolor y el sufrimiento que causan a muchas familias de ciudadanos.
Los mecanismos de control de las fronteras, aérea, terrestre o
marítima, han sido vulnerados consistentemente porque los capos del
narcotráfico o del contrabando de armas y personas, pagan muy bien el
silencio y la complicidad de las autoridades.
Si acaso, por un albur, uno de esos jefes del crimen organizado es
detenido o está en vías de serlo, todavía tiene a su favor el recurso de
las coimas o peajes para comprar la indulgencia de los jueces o para
asegurarse, en el caso más extremo, un hospedaje VIP en la prisión.
El territorio está lleno de drogas y los capos y sus subalternos,
pese a ser los artífices del mayor desafío y desprecio a las leyes, lo
que no se le perdonaría a los ciudadanos comunes y corrientes, gozan de
un ancho campo de maniobras y de un poder que rivaliza con cualquiera de
los que forman el trípode del Estado.
Por otro lado, de nada han valido los diferentes programas de
prevención y castigo de los feminicidios, ni los mecanismos que se han
aplicado para mantener a los potenciales agresores o asesinos de
mujeres, lejos de estas.
Una buena parte de esos abusadores, llevados a prisión por tentativas
de asesinato, alcanzó finalmente su siniestros propósitos tan pronto
salieron de las cárceles, gracias a los artilugios legales o a
complacientes decisiones de jueces.
No hay manera de convencer al país de que, en ambos terrenos de
lucha, la sociedad y el Estado han ganado la batalla. Por el contrario,
parecemos estar en el camino de perderla.
Tomado del editorial de
de la fecha ;-
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