Más allá de recibirlos y ficharlos, no parece
existir alguna política de seguimiento o control de los centenares de
dominicanos que han sido expulsados de Estados Unidos, tras cumplir
penas de prisión por distintos delitos vinculados al bajo mundo del
crimen organizado.
Después que llegan aquí, por lo general sin cargos pendientes con la justicia dominicana, esos repatriados quedan en libertad para vivir en el país, pero muchos reincidentes en el quehacer delictivo se las arreglan para volver a Estados Unidos a continuar con sus andanzas, usando muchas artimañas ilegales.
Solo el año pasado fueron repatriados 1,725 dominicanos, de los cuales 46 cometieron asesinatos y 664 cumplieron penas de cárcel por tráfico de drogas, robos y asaltos, violaciones sexuales y otros actos violentos.
Es decir, se trata de componentes de una comunidad ya marcada por delitos graves de distinta índole de los que no se tienen garantías ni pruebas patentes de que están rehabilitados para insertarse en una vida productiva legal en el país.
Probablemente las autoridades dominicanas no se sienten obligadas a estructurar y cumplir un programa de seguimiento u observación de la conducta de estos exconvictos, porque supuestamente no tienen asuntos pendientes con la justicia.
Esos repatriados necesitan producir ingresos para sostenerse en su país pero su condición de exconvictos de la justicia norteamericana podría ser un fuerte impedimento a sus aspiraciones. En una disyuntiva así, ¿qué camino les quedaría tomar para poder sobrevivir aquí?
Este simple presupuesto justificaría que, en la medida en que lo exijan las políticas de seguridad ciudadana o seguridad nacional, las autoridades diseñen y pongan en marcha un programa que les permita no estar ajenas a sus comportamientos, especialmente de aquellos que tienen fama de peligrosos o nutridos antecedentes delictivos.
Y más si se comprueba la eventual participación de algunos de esos exconvictos en actos de sicariato o en delitos vinculados al narcotráfico y la trata de blanca, lavado de activos y falsificaciones, tomando en cuenta el creciente registro de episodios de ese tipo en nuestro país y su consiguiente efecto en el debilitamiento de la seguridad ciudadana y en el irrespeto generalizado a las leyes y a la autoridad.
Tomado del editorial de
de la fecha ;-
Después que llegan aquí, por lo general sin cargos pendientes con la justicia dominicana, esos repatriados quedan en libertad para vivir en el país, pero muchos reincidentes en el quehacer delictivo se las arreglan para volver a Estados Unidos a continuar con sus andanzas, usando muchas artimañas ilegales.
Solo el año pasado fueron repatriados 1,725 dominicanos, de los cuales 46 cometieron asesinatos y 664 cumplieron penas de cárcel por tráfico de drogas, robos y asaltos, violaciones sexuales y otros actos violentos.
Es decir, se trata de componentes de una comunidad ya marcada por delitos graves de distinta índole de los que no se tienen garantías ni pruebas patentes de que están rehabilitados para insertarse en una vida productiva legal en el país.
Probablemente las autoridades dominicanas no se sienten obligadas a estructurar y cumplir un programa de seguimiento u observación de la conducta de estos exconvictos, porque supuestamente no tienen asuntos pendientes con la justicia.
Esos repatriados necesitan producir ingresos para sostenerse en su país pero su condición de exconvictos de la justicia norteamericana podría ser un fuerte impedimento a sus aspiraciones. En una disyuntiva así, ¿qué camino les quedaría tomar para poder sobrevivir aquí?
Este simple presupuesto justificaría que, en la medida en que lo exijan las políticas de seguridad ciudadana o seguridad nacional, las autoridades diseñen y pongan en marcha un programa que les permita no estar ajenas a sus comportamientos, especialmente de aquellos que tienen fama de peligrosos o nutridos antecedentes delictivos.
Y más si se comprueba la eventual participación de algunos de esos exconvictos en actos de sicariato o en delitos vinculados al narcotráfico y la trata de blanca, lavado de activos y falsificaciones, tomando en cuenta el creciente registro de episodios de ese tipo en nuestro país y su consiguiente efecto en el debilitamiento de la seguridad ciudadana y en el irrespeto generalizado a las leyes y a la autoridad.
Tomado del editorial de
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