Buena parte del aparato comercial-productivo de Haití ha quedado
inutilizado como consecuencia de las pobladas que se desataron en Puerto
Príncipe y otras ciudades, a raíz de un severo aumento en los precios
de los combustibles que, pese a ser revocado de inmediato por el
Gobierno, no ha logrado sofocar la insurrección popular.
Empresas,
industrias, comercios y residencias han sido incendiadas y saqueadas,
mientras algunas vías citadinas como también carreteras que conducen
hasta los centros de producción agrícola han sido bloqueadas con
barricadas, anulando la circulación normal de vehículos de pasajeros y
cargas.
A todo este cuadro de incontenible violencia popular se añade ahora
el anuncio de un paro general de dos días de los transportistas
haitianos, mientras que la República Dominicana ha reforzado la
vigilancia militar a lo largo de la línea limítrofe, como medida de
protección de la seguridad territorial.
Las violentas protestas y saqueos acentúan la gravedad del estado de
casi parálisis en que se encuentra el aparato productivo de Haití, que
habrá de repercutir, sin dudas, sobre las economías de ambos países
mientras persista la crisis.
Por la volatilidad de los acontecimientos, la gobernabilidad está en
serios apuros y no hay seguridad de que el presidente Jovenel Moise, aun
revocando las alzas de combustibles que, cual chispas, encendieron la
pradera del descontento popular, pueda hacer valer la autoridad
indispensable para restablecer el orden.
No hay, a la vista, indicaciones objetivas que permitan predecir un
pronto restablecimiento del orden y la actividad productiva normal
mientras persistan los focos de la violencia y el repudio popular en
Haití que han menguado la capacidad del Gobierno para seguir adelante
con el cumplimiento del programa de ajustes que le ha impuesto el Fondo
Monetario Internacional para intentar refl otar la economía y equilibrar
el presupuesto nacional.
Tomado del editorial de
de la fecha 
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