Catorce claves que explican el caso Odebrecht

ESTALLÓ EN 2016 Y HA LEVANTADO A LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN

Santo Domingo;- Tras el anuncio el 21 de diciembre de 2016 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la trama de corrupción encabezada por la constructora brasileña Odebrecht, la República Dominicana se ha visto envuelta en una serie de investigaciones judiciales cuyo desenlace, espera la sociedad, sea la acción penal efectiva sobre los implicados.
La empresa admitió haber  pagado aproximadamente 788 millones de dólares en 11 países de América Latina y Mozambique, de los cuales 92 se pagaron a funcionarios dominicanos para adjudicarse un total de 17 obras de infraestructura vial y la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, entre los años 2001 y 2014. Como beneficio recibieron 163 millones de dólares.
1- El 22 de diciembre de 2016, la Procuraduría General de la República, encabezada por Jean Alain Rodríguez, emitió un comunicado en el cual afirmó que actuaría “con toda responsabilidad”.
Cuatro días más tarde, el 26 de diciembre, se anunció una evaluación a las denuncias hechas por el Departamento de Justicia norteamericano y a la vez se solicitó a todas las instituciones gubernamentales que tuvieron contratos con Odebrecht entregar una relación de los mismos.
2- El 18 de enero de 2017, alrededor de las 3:30 p.m., las autoridades allanaron las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el octavo piso de la torre Diandy XIX, en la avenida Pedro Henríquez Ureña, en el sector La Esperilla de la capital.
En la intervención, que duró más de cinco horas, fueron ocupadas 25 cajas de documentos y se decomisaron, además, los equipos electrónicos que podrían tener información relevante para la investigación.
A partir de enero se llevaron a cabo interrogatorios. Cerca de 25 funcionarios y exfuncionarios fueron investigados para aportar informaciones sobre el caso. La primera fase incluyó a los responsables de entidades estatales relacionadas con la multinacional brasileña, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Orlando Mazara; el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Gonzalo Castillo Terrero.
Asimismo, fueron citados el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán.
Presentaron declaraciones también los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y Cesar Sánchez; los ex ministros de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y Manuel de Jesús Pérez (Freddy), y los ex directores de INAPA, Frank Rodríguez, Alberto Holguín y Roberto Rodríguez. Además el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Suero Miliano.
Igualmente, los ex presidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez (Chu), y el ex presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Ozoria y el gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de la empresa extranjera.
3- Nació el colectivo Marcha por el Fin de la Impunidad, mejor conocido como Marcha Verde; partidos políticos fijaron posición, en especial la oposición que llamó a los ciudadanos involucrarse en las movilizaciones, estudiantes ocuparon la sede de la Procuraduría. Al movimiento se unieron millares de ciudadanos que de manera pacifica protestaron en las calles del país en demanda de justicia.
4- En febrero, el procurador Rodríguez se reunió en Brasil con las autoridades que investigan el caso “Lava Jato”, (autolavado en español) a fin de intercambiar información sobre las prácticas de corrupción de la constructora.
La operación “Lava Jato” indaga desde el 2014 la trama de corrupción y sobornos, con las que salieron a la luz denuncias contra políticos y empresarios brasileños, que eran parte de una red de lavados de activos y que se extendió a otros países.
La constructora brasileña acordó pagar 184 millones de dólares como compensación económica a la República Dominicana.
5- El 27 de febrero, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Danilo Medina, advirtió que todo el que resulte involucrado en el escándalo sería procesado ante la justicia, independientemente del partido político al que pertenezca el acusado y enfatizó que: “No existen vacas sagradas en este gobierno y no existirán mientras yo sea el presidente de la República”.
6- El presidente Danilo Medina negó que sus campañas políticas fueran financiadas por Odebrecht. Dijo que había muchas personas que querían “verlo nadar en el lodo”. Pidió a las personas que esperaran las investigaciones que llevaba el Ministerio Público, porque supuestamente allí saldría toda la verdad y los involucrados.
7- En abril se filtraron documentos del Tribunal Federal Supremo de Brasil, con declaraciones del presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, quien afirmó que la República Dominicana era el centro de todas las operaciones ilícitas y de sobornos de esa compañía y que la decisión de asentar en el país esas oficinas se debió a la “seguridad empresarial” que ofrecía el país.
Hasta esa fecha se desconocían a ciencia cierta los nombres de los “verdaderos involucrados” en el caso de corrupción, considerados por muchos analistas y la misma sociedad civil como el caso de corrupción más grande que se ha conocido en la República Dominicana.
8- No fue hasta mayo de 2017 cuando finalmente las autoridades dominicanas develan el misterio. Inician los arrestos a los supuestos vinculados, luego de cinco meses de investigaciones, interrogatorios, encuentros y acuerdos con autoridades internacionales.
Catorce fueron los señalados en aquel entonces como los beneficiarios de los pagos que la constructora admitió haber hecho en el país, siendo arrestados el 29 de mayo.
Desde tempranas horas de la mañana iniciaron los arrestos de catorce hombres de la vida pública dominicana, quienes fueron señalados en ese momento como beneficiarios de los pagos que la constructora admitió hacer en el país.
9- Los apresados fueron: Juan Temístocles Montás, quien al momento de su arresto fungía como ministro de Industria y Comercio; Tommy  Alberto Galán Grullón, senador de la República por la provincia de San Cristóbal; Julio César Valentín, senador de la República por la provincia Santiago de los Caballeros; Alfredo Pacheco Osoria, diputado por el Distrito Nacional; Ángel Rondón Rijo, representante comercial de Odebrecht en el país.
También fueron detenidos Víctor José Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones;  Radhamés Segura,  exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Ruddy González, exdiputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), provincia Azua; César Sánchez, exvicepresidente ejecutivo de la  CDEEE; Máximo D` Oleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID); Conrado Pittaluga, abogado, notario público; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
El ingeniero Bernardo Castellanos es el imputado número 14. Fue director de proyectos hidroeléctricos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana. Para su arresto fue necesario un orden de captura internacional, debido a que en el momento en que produjo la acusación en su contra se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos laborales. Castellanos finalmente regresó al país por su propia decisión y enfrentó el proceso, donde le fue impuesta medida de coerción.
10- Tras los arrestos, de acuerdo al procedimiento legal y luego de nueve días de apresados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde recibieron visitas de familiares, amigos y colegas, se inició el conocimiento de medidas de coerción de los imputados.
Francisco Ortega, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, tuvo a su cargo el reto de dictar decisión contra los imputados y declarar el caso de complejidad, como lo solicitó el Ministerio Público. El 7 de junio, se les dicta prisión. Un año para Ángel Rondón, a ser cumplido en la cárcel de La Victoria; nueve meses en la cárcel de Najayo para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga.  Seis meses de prisión preventiva para Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González. Mientras que nueve meses para César Sánchez y Máximo D Oleo. Todos en Najayo.
A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, se les dispuso nueve meses de arresto domiciliario.
En tanto que contra Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, se impuso el pago de una fianza de cinco millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida. A ese día se seguía a la espera de captura de Bernardo Castellanos.  Bajo estrictas medidas de seguridad, el 12 de junio, a las  12:45  de la tarde, ya con medias de coerción de prisión preventiva, salieron desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a los respectivos centros carcelarios.
11- Previo a los traslados y entre lo que fue considerado como una burla a la sociedad, los privilegios se hicieron notar. Las celdas fueron acondicionadas. Los familiares de los condenados compraron muebles, neveras, aires  acondicionados y otros artículos que sirvieran para acomodar a sus parientes dentro las celdas en las que serían alojados.  Y en medio de toda la revolución que causó en la sociedad, tanto las diferencias de medidas coercitivas dictadas, como el acondicionamiento de celdas y los estrictos refuerzos de seguridad aplicados a los involucrados en el escándalo, sus abogados se preparaban para agotar los recursos de apelación a las privaciones de libertad.  Es así como en el mes de julio se conocen las audiencias de apelación de 10 de los 14 imputados.
12- Aunque el Ministerio Público pidió a los jueces rechazar el recurso de apelación, por considerarlos improcedentes,  los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dispusieron libertad para seis de los detenidos, variando la medida que les retenía en una celda por el pago de garantía economía, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público.
13- El dos de agosto Bernardo Castellanos llegó al país. De inmediato fue puesto a disposición de las autoridades para llevar a cabo el debido proceso y el día cuatro se le impuso  garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica el primer lunes de cada mes  e impedimento de salida del país.
14- Se mantuvieron en prisión el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa tras ratificación de la decisión del juez Ortega por el tribunal hasta el viernes ocho de septiembre, cuando el mismo juez Ortega colocó a Rondón una fianza de RD$70 millones y de RD$50 millones a Díaz Rúa,  a través de una compañía aseguradora. A los dos involucrados también les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica.
Por Isaura Félix Peralta ;-