En un país donde “siempre estamos en campaña política” y la atención
nacional suele reservarse al show, a la chercha… tragedias como el
asesinato de un joven, un día antes de graduarse, entran y salen de la
opinión pública sin que se le dedique la reflexión necesaria, esa que
mueva a la acción, al cambio.
Y es que el caso no pudiera ser más lamentable: Albert Ramírez
Alcántara, de 28 añitos de edad, estudió Educación mención Matemáticas,
una carrera muy necesaria en República Dominicana, pero no pudo cumplir
el sueño de vestir toga y birrete como señal que alcanzó su meta.
Todo porque, horas antes de graduarse con honores, se convirtió en la
nueva víctima mortal de la inseguridad ciudadana en el país, esa cuya
cobertura ha disminuido notablemente en la prensa (ahora el tema es la
reelección), pero que sigue latente como cruel fantasma del que nadie
habla, pero todos sienten.
Este tipo de delincuencia, que aunque es la común, no es la única (no
olvidemos aquella de cuello blanco), sumada a las clásicas injusticias
sociales y económicas, segaron la vida a un joven ejemplar, que las
últimas horas de su vida las dedicó a comprarle ropa a su mamá para que
asista a una graduación a la que no llegaron ningunos de los dos.
Él era el mejor estudiante de la clase y fue asesinado por un celular, y
no es el único. Son muchos los dominicanos y dominicanas víctimas de la
delincuencia. Recordemos que en la encuesta Gallup-HOY de marzo del año
antepasado, el 75% de los consultados identificó la inseguridad
ciudadana como el principal problema del país. Adicionalmente, la Gallup
de julio de 2015 reveló que más de la mitad de la población conoce a
alguna víctima.
Sin embargo, ni estos datos, ni tragedias como el asesinato de Albert
han sido suficientes para que el Gobierno responda contundentemente.
Ante crisis mediáticas se recurre a medidas cosméticas como la trillada
militarización de calles, errada porque a veces los mismos policías son
los agresores, como en este caso en el que la Policía identificó un raso
como el presunto homicida. En otras ocasiones se anuncian planes que al
final nadie ve y cuya ejecución con el tiempo se olvida.
Por eso ya aquí nadie está seguro. Cualquiera puede perder la vida, una
útil y productiva, por algo tan sustituible como un celular, un vehículo
o el efectivo que tengas en la cartera. Esto pese a que el derecho a la
vida y a la seguridad ciudadana son fundamentales y así lo establece la
Constitución dominicana. Pero, ¿qué digo? En un país donde la
Constitución es un pedazo de papel no hay nada seguro, ni siquiera lo
más valioso: la palabra, el honor, la vida.
Por
Millizen Uribe ;-
muribe44@gmail.com
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martes, marzo 20, 2018

¿Cuántos Alberts más tendrán que morir?
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