La soberanía dominicana ha entrado en una fase de
influjo menguante, vapuleada por dos fuerzas que al Estado les resulta
difícil evadirlas o dominarlas.
Esas dos fuerzas son la migración ilegal de millares de haitianos indocumentados y la injerencia de países y organismos internacionales en el modelaje de nuestras políticas migratorias y algo más.
Esas dos fuerzas son la migración ilegal de millares de haitianos indocumentados y la injerencia de países y organismos internacionales en el modelaje de nuestras políticas migratorias y algo más.
Pese a que la
Constitución define claramente los requisitos para la nacionalidad y
existen leyes adjetivas que se ocupan de fijar las normas para el
ingreso y permanencia de los extranjeros, lo que constituye un legítimo
derecho de soberanía de cada nación, ambas premisas están bajo presión
de intereses foráneos que pretenden ignorarlas o cambiarlas.
En virtud de este concepto de soberanía, el Estado, conformado por
tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es el que representa la
voluntad popular y el que está llamado a proteger el espacio
territorial en el cual se ha creado nuestra nación y a aplicar las leyes
que regulan la vida de los ciudadanos.
Pretender forzar cambios en estos dos pilares fundamentales, sobre
todo si son estimulados por intereses foráneos ajenos a nuestras
prioridades de autodeterminación, constituye una grave afrenta a la
Constitución, cuyo día conmemoramos hoy.
Si caemos en la flaqueza de acomodar estos valores constitucionales a
lo que quieren esos intereses, quedaríamos atados de pies y manos para
ejercer la soberanía en toda su plenitud. Y un país sin soberanía deja
de ser una nación organizada y una Constitución, así vapuleada, se
convertiría en letra muerta.
A los dominicanos hay que inculcarles sistemáticamente esta
enseñanza, para que tomen conciencia de que el fenómeno de la migración
ilegal tolerada es el principio de un debilitamiento de nuestra propia
Constitución y del concepto de soberanía que ella consagra.
De hecho, el ejercicio de esta soberanía ha quedado fuertemente limitado ante la ausencia de un Estado que la haga valer.
Y también ante la realidad de que somos un país pequeño, de escasa
influencia en el entorno de poder que diseña las políticas mundiales de
los más grandes.
No obstante, nadie en el mundo tiene derecho a desconocer los
principios en que se ha fundado la República Dominicana ni las leyes que
nos hemos dado para vivir en un país independiente y libre, tal como lo
proclama y consagra la Carta Magna de nuestra nacionalidad desde el
principio mismo de la República en 1844.
Tomado del editorial de
de la fecha
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