Desde instituciones de peso como la FINJUS y la AIRD, los principales líderes del Conep, decanatos de universidades y ONG’s con representación real, se han manifestado en rechazo a este modelo.
Por igual, todos los partidos de la oposición objetan las primarias abiertas y simultáneas y también se opone la mayoría de los aliados del PLD agrupados en el llamado Foro de Partidos Políticos. De los mayoritarios, solo el PRD, en una actitud coherente que viene desde antes de su última división, apoya la inclusión de las primeras abiertas en la Ley de Partidos.
Vale recordar que fueron dirigentes del actual PRM, que entonces militaban en el PRD, quienes plantearon esa fórmula en varios proyectos sometidos al Congreso.
También ha sido el PRD el abanderado de las primarias abiertas hasta la reciente mutación del grupo disidente que fundó el PRM, encabezado por uno de sus aspirantes internos que teme asistir a un proceso donde no tenga el control del registro de concurrentes.
Resistencia aún mayor la encabeza el expresidente Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana. La corriente del presidente Medina se puede imponer como ya lo demostró en la reciente reunión del Comité Político (CP), pero ello acarrearía un aumento de las tensiones internas y un adelanto innecesario a una lucha prematura en el PLD.
La Ley de Partidos es una ley orgánica… Por tanto, debe ser aprobada por dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras. Y las cuentas actuales no dan para pasarla en el Congreso. Por tanto, el Presidente deberá meter el brazo hasta el fondo para que una ley en esos términos pueda ser sancionada.
Y si, como si ya no hubiera obstáculos sufi cientes, sí superara ese camino pedregoso, quedaría aún pendiente el rasero del Tribunal Constitucional (TC), que no necesariamente tendría que estar de acuerdo con el panel de expertos constitucionalistas que el CP del PLD consultará antes de asumir una posición defi nitiva.
Hay
que admitir que el TC ha sido cuidadoso manteniendo una jurisprudencia
apegada al artículo 277 de la Constitución que le prohíbe examinar las
decisiones dictadas en materia constitucional por la Suprema Corte de
Justicia. Y en el año 2005 esa Corte determinó la inconstitucionalidad
de una ley que imponía un sistema de primarias abiertas, simultáneas y
obligatorias presentada en su momento por el entonces senador José Tomás
Pérez.
Salvar todos esos escollos implicaría una enorme inversión de capital
político… pero, ¿para que? ¿Cuál es el fi n? Es una pena que un debate
tan importante como la reforma a un sistema de partidos que lleva
décadas agotado, esté subordinado a intereses personales y grupales
enquistados en el liderazgo político nacional. Pero esa es nuestra
lamentable realidad.
En el caso de Danilo no parece existir razón de peso político para
arriesgar tanto a cambio de tan poco. Él y su equipo pesado en el PLD
están en capacidad de imponerse a Leonel Fernández y su gente con
cualquier padrón. Por eso luce poco inteligente llevar este tema a un
punto de crisis nacional que, al mismo tiempo, repercutirá en el PLD y
hasta podría costarle el poder.
Tal vez una solución intermedia pudiera ser un sistema de primarias
que convoque a los partidos mayoritarios, los que reciben más del cinco
por ciento de los votos, y que esas elecciones sean organizadas por la
Junta Central Electoral a cuenta de los fondos asignados a esos
partidos, y que cada partido acuda con su propio registro de militantes,
previamente depurado, auditado y cruzado por el organismo electoral.
De esa forma se preservaría la prerrogativa de los partidos a defi
nir quiénes son sus militantes, al tiempo que se espanta el espectro de
la omnipresente “manipulación externa” en este tipo de actividad
partidaria.
Y, lo más importante, los partidos tendrían su última oportunidad
para demostrar que aún están en capacidad de administrar algo tan básico
y elemental como es un padrón de militantes.
Por Oscar Medina ;-
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