Dictan un año de prisión preventiva contra tres imputados en muerte de Yuniol Ramírez

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó este jueves un año de prisión preventiva a solicitud del Ministerio Público en contra de tres personas implicadas en el homicidio del abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez Ferreira.

La medida cautelar fue impuesta al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Antonio Rivas; al director financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, y a José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que Rivas fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal; Rosario Díaz al Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares en Conflicto con la Ley, en Villa Mella, mientras que Mercado Blanco fue enviado a la Penitenciaría Nacional de la Victoria.

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Durante el conocimiento de la medida de coerción, la jueza Leonarda Quezada rechazó un incidente presentado por los familiares del abogado fallecido para que el expediente fuera declinado a la jurisdicción del Distrito Nacional.

La institución recordó que por este caso la Fiscalía de Santo Domingo también solicitó la imposición de un año de prisión preventiva en contra del prófugo Argenis Contreras González, contra el cual existe una orden de captura internacional por ante la Organización de la Policía Internacional (Interpol).

En ese mismo orden, dijo que en el marco de la investigación también fue apresado la noche del pasado miércoles 18 de octubre, el empresario Eddy Rafael Santana Zorrilla, a quien no se la ha dictado medida de coerción.

Conforme a las investigaciones, el abogado habría sido raptado el pasado miércoles 11 de octubre, en horas de la tarde, en momentos en que impartía docencia en el campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), siendo encontrado el cadáver al día siguiente por las autoridades en la citada zona.

El Ministerio Público otorgó a este caso la calificación jurídica provisional  de violación a los artículos 123, 124, 125, 166, 167, 170, 171, 172, 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 301 del Código Penal Dominicano, los artículos 66 y 67 la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Material Relacionado.