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viernes, 25 de agosto de 2017

Ante un chantaje de Odebrecht

La empresa Odebrecht ha sorprendido al Estado dominicano con una reclamación de 708 millones de dólares por unos “sobre-costos” en las obras de construcción del complejo energético Punta Catalina, y prácticamente lo coacciona al poner en riesgo la terminación de sus trabajos en el tiempo previsto.
Es como decir, si no me pagas te tranco el juego, con todas sus consecuencias.
La reclamación, que rechaza de plano la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, dueña de la obra, abre las puertas a un confl icto legal y de tipo fi nanciero sobre la razonabilidad de tales “sobre-costos”.
En un contexto como este, precedido por el escándalo desatado por las confesiones de Obebrecht de que pagaba sobornos para conseguir la asignación de obras multimillonarias en varios países, la empresa extranjera no parece tener todas las de ganar a nivel de una opinión pública que recela de sus tramposerías y que reclama su salida del país.
En un confl icto de este tipo, donde las partes lucen cerradas a banda en sus posiciones, necesariamente tienen que intervenir terceros para ayudar a mediar o encontrar vías de acuerdo que salven ante todo la continuidad y puesta en marcha de un proyecto energético de alto impacto para la vida del país en el futuro.
Por cada mes de retraso en el calendario de trabajos hay un daño de intereses y pérdidas por 25 millones de dólares mensuales, insoportables para el país, que ya ha bregado mucho para fi nanciar esas plantas a carbón por un costo de casi 2 mil millones de dólares.
Se nos ocurre proponer que el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y la organización Participación Ciudadana elijan una comisión de ingenieros y analistas de costos, y si se trata de opositores al proyecto mucho mejor, para que revisen los niveles de cumplimiento al contrato fi rmado entre las partes y establezcan si hay lugar o no a estas monumentales sobrevaluaciones.
De no encontrarse una fórmula conciliadora, pues lo que cabe es que el Estado dominicano lleve su causa por ante los tribunales internacionales o solicite un arbitraje internacional que ponga las cosas en su justo contexto, sin menoscabo de la continuidad de los trabajos de construcción hasta el fi nal.
Otra vía rápida, antes de someter la litis a un arbitraje internacional, sería que una comisión del Estado dominicano, de alto nivel, vaya a Brasil a discutir directamente con los nuevos ejecutivos de la Odebrecht la razonabilidad de estos cobros y los argumentos de tipo contractual que la CDEEE esgrime para no reconocer estas reclamaciones.
Allí podrían tirarse mejor las cartas sobre la mesa, sin el peligro de que medien las famosas “coimas” que Odebrecht solía repartir a manos llenas a políticos, funcionarios o presidentes para ganarse las licitaciones de obras, mediante un mecanismo que implicaba sobrevaluarlas, lo mismito que parece estar ocurriendo en el caso actual.
El Gobierno dominicano está en la obligación de decirle al pueblo qué argumentos tiene para no aceptar este evidente “tumbe” fi nanciero que querría darle Odebrecht al país, y naturalmente impedir que por una litis de este tipo se retrase la obra, lo que originaría un daño mayor a la economía del país.
Tomado del editorial de
Ante un chantaje de Odebrecht
de la fecha