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lunes, 22 de mayo de 2017

¡…Tufo a dictadura!

Los partidos: Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano, acompañados por un grupo de partiditos minoritarios, sacaron de la chistera su más reciente argumento para entorpecer la aprobación de la Ley de Partidos y de Reforma Electoral: pedir que se instaure en el país el voto obligatorio.
A pesar de que pregonan la necesidad de una reforma al modelo electoral, esos grupos han hecho lo imposible para obstruir el proceso.
Nunca presentaron esa propuesta en las instancias donde se intentó consensuar esas leyes… Y ahora, cuando se percibe el ambiente propicio para aprobar el nuevo marco legal, salen con esta pachotada bajo argumentos pueriles.
Alegan que con el voto obligatorio se resolvería el problema de la compra de cédulas… ¡Disparate de marca mayor! Pretenden atacar un problema inexistente con medidas que causarían mayores trastornos, por demás inconstitucionales.
La compra de cédulas es un mito que se repite sobre bases absolutamente falsas, porque esa práctica dejó de existir desde que la Junta Central Electoral estableció la política de entregar duplicados gratuitos hasta el día antes de las elecciones. El partido o candidato que se dedique a comprar cédulas sabe que está haciendo un negocio de “capar perros”, ya que un ciudadano puede sacar cualquier cantidad de duplicados de su documento de identidad y venderlas al mejor postor para luego votar por quien le venga en ganas.
Por eso --desde hace tiempo--, la compra de votos se hace a través de lo que se conoce como “partidos vagones”, organizaciones pequeñas que van aliadas a una candidatura de un partido mayor y que los compradores de votos utilizan para contabilizar y pagar contra el acta, los votos adquiridos.
Los ejemplos sobran… Desde la APD --que aliada al PLD infl ó sus sufragios hasta casi 100 mil votos, y cuando fue solo a las elecciones, apenas superó los 5 mil--, hasta el PUN y sus alianzas puntuales con el PRM en las pasadas elecciones, donde se observaron distorsiones imposibles de disimular.
Por otro lado, el voto obligatorio sería abiertamente inconstitucional, pero sobre todo constituiría un retroceso en la protección del ejercicio de los derechos ciudadanos y de las libertades políticas.
En República Dominicana el voto obligatorio fue sello de identidad de la tiranía trujillista, y aunque Bosch lo sacó de la Constitución de 1963, quedó restablecido en la de 1966… Se asocia a los “Tres Golpes” y al SIM, a los doce años de Balaguer y a la represión política de la época, y evoca las casetas de votación donde militares verifi - caban los colores de las papeletas desechadas y las casas donde se sellaban cédulas a aquellos que se resistían a ser arrastrados a participar en procesos viciados.
Y aunque ese esquema se mantuvo hasta la Constitución del 1994 --aquella reforma impulsada por Peña Gómez, en el Pacto por la Democracia--, a partir de 1978, con la llegada del PRD al poder, concluyeron los días de coaccionar a los votantes amedrentándolos con la obligatoriedad del voto.
Se trata de un caso histórico que debería avergonzar a los perremeistas que proponen esa barbaridad… Esas cosas les lucen a los reformistas, a los “Vinchos” o a los “Eliitas”, pero no a gente que se hace llamar moderna y progresista.
Son muy pocas las naciones que mantienen el voto obligatorio, y casi ninguna pertenece a las democracias más liberales y sólidas del planeta, Al contrario, la mayoría o se encuentra bajo regímenes de fuerza o --como Brasil y Argentina--, fi guran en su marco legal como un remanente de recientes dictaduras militares.
Desde el 2010 la Constitución Dominicana establece que el voto es un deber y un derecho, pero en ningún lugar lo señala como una obligación… Y consta en las actas de esa Asamblea que el constituyente rechazó la propuesta de establecerlo.
Además, el texto constitucional añade que nadie puede ser obligado ni coaccionado en el ejercicio del sufragio. Y por tanto, no se puede pretender obligar al ciudadano a acudir a una urna a ejercerlo.
Es necesario buscar soluciones a los delitos electorales que corrompen los procesos, entre los que se encuentra la compra de votos y de cédulas, pero para eso hay que establecer sanciones severas, crear un Fiscal Electoral con los instrumentos y la autoridad para su persecución y otorgar a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral las facultades y los recursos para hacer valer la ley.
La reforma electoral tiene que hacerse para avanzar… ¡Y el voto obligatorio constituiría un atraso con fuerte tufo a dictadura!
Por Oscar Medina ;-