Más que un “gravísimo error”, es una soberbia iniquidad la que cometió
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al acusar a
nuestro país, junto a Cuba y Venezuela, de “violar de manera masiva,
grave y sistemática” los derechos de los ciudadanos haitianos.
Iniquidad, decimos nosotros, porque no es la primera vez que esa
comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha esgrimido
iguales acusaciones contra nuestro país, apoyándose en cifras o
denuncias cuestionables o no confiables que, a la larga, quedaron
evidenciadas como sesgadas.
Ahora el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de
reconocer que la CIDH utilizó “informes completamente desactualizados”
para colocar a la República Dominicana en una infamante “lista negra” de
países que violan los derechos humanos, error que tildó de “gravísimo” y
que ha prometido enmendar lo más rápido posible.
En detalle, la acusación que le hace la CIDH a nuestro país es que
aquí persiste una discriminación racial estructural contra personas de
ascendencia haitiana o percibidas como tales, “lo cual ha impactado en
el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones,
operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
Lo que es “gravísimo” no es el error o desacierto de la CIDH al usar
informes desactualizados, sino la maldad que inyectó al veredicto para
humillarnos y denigrarnos metiéndonos en una “lista negra” de violadores
de derechos humanos, cuando lo cierto y demostrable es que somos todo
lo contrario.
Porque aquí hemos sido demasiado indulgentes, complacientes y
cedentes con los haitianos ilegales, permitiéndoles asentarse en
ciudades y campos, abriéndoles las puertas de acceso a servicios de
salud y educación, a los empleos en la agricultura, la construcción y el
turismo, sin mayores restricciones, una ventaja que a veces ni los
mismos dominicanos pueden tener.
Es penoso que un órgano independiente de la OEA, llamado a una misión
tan importante como la de velar por el respeto a los derechos humanos,
cometa estos deslices influenciado por intereses de grupos que manipulan
cifras e hiperbolizan situaciones para que, luego, gobiernos
extranjeros ejerzan presiones contra la soberanía y las leyes
dominicanas.
Esta experiencia, o este “gravísimo error”, pone en entredicho la
credibilidad de la CIDH de cara a los países de América Latina y del
mundo.
Tomado del editorial de
de la fecha
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