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jueves, 11 de mayo de 2017

Justicia procesa 177 casos por explotación sexual

En los últimos cuatro años 177 casos de explotación sexual han sido judicializados, lográndose condenas en 33 de ellos: cinco extranjeros y 28 dominicanos.
Santo Domingo;- En el 2013 se creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, la cual está conformada por 16 personas, entre ellos investigadores, fiscales, abogados y personal administrativo.
El director de esa entidad, Jonathan Baró Gutiérrez, explica que para combatir los delitos mantienen una coordinación constante con las 35 fiscalías que existen a escala nacional.
“Nosotros nos enlazamos con los diferentes departamentos que tenemos a nivel nacional. En el Gran Santo Domingo contamos con siete investigadores, sin embargo la Policía Nacional tiene 24 y recientemente con el ingreso de 41 investigadores de la Unidad de Inteligencia Criminal del Ministerio Público, también hacen parte del batallón que combatimos estos delitos”, puntualiza.Personal no es suficiente
Para Baró Gutiérrez el personal con el que cuenta la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas no es suficiente.
“La cantidad de personas que tenemos nunca será suficiente, y esto es básicamente por un factor cultural en República Dominicana, porque a veces se acepta que una mujer trabaje en un bar prostituyéndose, y cuando una niña de 13 años sale embarazada en un barrio ya no es una menor para las personas, sino una mujer, lo que dificulta la situación”, dice.
Revela que muchas de las menores que salen embarazadas son rechazadas por sus familiares, situación que las lleva a dejar la escuela y a elegir trabajar en burdeles para conseguir con qué alimentarse “lo que hace que caigan en drogas y enfermedades como VIH y sífilis”.
Menores se aíslan. Los menores de edad que son
abusados sexualmente se aíslan, pues entienden
que todas las personas les harán daño.
Precisa que el tráfico de ilegales también se ha vuelto una práctica normal en el país.
A pesar del poco personal, Baró Gutiérrez expresa que las personas que trabajan en el combate contra la trata y el tráfico de personas están capacitadas y tienen el compromiso de realizar la mejor de las labores, razón por la cual los mantienen en constante formación en las distintas instituciones del país, como a nivel internacional.
Proceso de captura
Baró Gutiérrez explica que desde que reciben un caso lo primero que hacen es evaluar la situación.
“Si una persona llama y dice que su vecino está con varias menores de edad y que las está explotando, puede ser cierto o no, por lo que hay que hacer un levantamiento del lugar, hablar con otros vecinos para confirmar lo que está pasando”, dijo.
Puntualiza que hacen una evaluación de inteligencia para confirmar la situación, y en caso de que sea cierto se solicita una orden de allanamiento y arresto, y él o los infractores son apresados.
Indica que después contactan a las víctimas para los tratamientos de rigor, como psicológicos y el acogimiento.
Manifiesta que lo ideal es iniciar con la prevención y que para eso la Procuraduría General de la República, conjuntamente con otras organizaciones, ha desarrollado una serie de campañas, explicando a la sociedad el significado y las consecuencias de estos delitos.
“Por ser nosotros actores principales en estos procesos penales, tenemos la tarea de dirigir la investigación de estos hechos punibles, formular la acusación o requerir la absolución, ejercer la acción pública, defender los intereses sociales, ofrecer adecuada asistencia a la víctima y testigos”, indica Baró Gutiérrez.
Trabajo de la Policía
En el 2007 fue creado en la Policía Nacional el Departamento de Control Migratorio e Investigación de Trata y Tráfico de Personas, el cual en la actualidad es dirigido por la coronel Francia Hernández.
El departamento cuenta con cuatro subdivisiones: la Comandancia que es el área principal, dirigida por la coronel Hernández, quien coordina todas las actividades que se realizan; la Subcomandancia da apoyo a la anterior; Procedimiento, ahí se encargan de investigar, solicitar órdenes judiciales y remitir los casos a la Fiscalía.
También está Operaciones, donde se investiga, levanta los casos y ejecuta las órdenes; también están los analistas de casos y psicólogos, estos analizan los casos terminados y mantienen contactos con las víctimas, y por último los coordinadores de investigación de trata y tráfico, quienes están en los pueblos, puertos y aeropuertos.
“Todos, somos 34 personas, quienes nos encargamos de realizar todo ese trabajo y los seguimos hasta el sometimiento de a la fiscalía o conclusión del caso”, explica la comandante del departamento de trata y tráfico.
La coronel Hernández dice que apresan a los infractores con órdenes de arresto o flagrante delito, y que de esos autores de tratar y traficar menores de edad para explotarlos, se encarga la Procuraduría.

Allanamientos. Cuando la Procuraduría Especializada
contra el Tráfico ilícito de Migrantes y la Trata de
Personas recibe una denuncia de que se está
cometiendo uno de los delitos que persiguen, lo primero
que hacen es evaluar la situación para confirmar la
veracidad de la información. Si se confirma, se procede
a solicitar una orden de allanamiento y apresamiento para
capturar a los infractores.
REALIZA OPERATIVOS SIN DENUNCIAS
La coronel de la Policía, Francia Hernández, revela que formaron una unidad de calle, lo que significa que aunque no haya casos denunciados, van en búsqueda de probables violaciones a la ley en las diferentes provincias.
“Comenzamos en Puerto Plata, porque era comandante de investigaciones en esa provincia, donde me llamó mucho la atención ver en los salones señoras con una menor de edad buscando casa para casarla con un extranjero de más de 50 años, y desde que entré a este departamento y me empapé de la ley, supe que estaban vendiendo a esa niña”, precisa Hernández.
De su lado, Baró Gutiérrez dijo que el ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de los cuales tenga conocimiento, y que la acción pública no se puede suspender, interrumpir, ni hacer cesar, porque así lo establece la ley.
“Nada puede debilitar el proceso. Los delitos de acción pública corresponden al ministerio público y hasta el momento se han mostrado buenos resultados de los casos atendidos”, puntualiza el encargado del departamento.
Por Santiago Benjamín de la Cruz ;-
santiago.delacruz@listindiario.com