Según el informe de la CIDH referente a nuestro país, “la persistencia en la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibida como tales, se mantiene, lo cual ha impactado particularmente en el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
Para la Comisión esto muestra “los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.
“La privacioin arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos”.
De la lectura de estos párrafos, para cualquier persona que viva en la República Dominicana no habría que hacer mayor esfuerzo para llegar a la conclusión de que el contenido de estas acusaciones a nuestro país son el fruto de la maldad, de la infamia y de mentes retorcidas capaces de describir a nuestra nación (la más solidaria con el pueblo haitiano), como una cuna caribeña del odio racial al estilo de Sudáfrica.
¿Por qué la CIDH es tan abusiva en sus acusaciones contra RD? ¿Por qué inventa mentiras gigantescas describiendo acciones absolutamente falsas, frente a un gobierno que, contrario a lo que ellos plantean, no sólo no ha deportado a ilegales (como es su obligación), sino que ha dejado miserablemente abierta de par en par nuestra frontera, duplicando de manera escandalosa el flujo migratorio ilegal de la parte oeste de la isla?
La CIDH es un mecanismo de extorsión y chantaje contra el país, para mantenerlo desacreditado en el mundo con el argumento del racismo y la discriminación y evitar que su Estado y gobierno puedan tomar ninguna acción tendente a proteger su frontera y a reivindicar el derecho soberano a regular el flujo migratorio.
La CIDH y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son instrumentos de la OEA y de su Secretario General, Luis Almagro, (el mismo que dijo que “no podía haber dos naciones en una isla”), para fusionarnos con Haití. El objetivo de este salvaje ataque internacional es presionar a que se eche hacia atrás el Fallo No.168-13 del Tribunal Constitucional; obligar a nuestro país a violar su Constitución, que establece de manera clara y precisa que el hijo del ilegal nacido en la República Dominicana no adquiere la nacionalidad dominicana por el solo hecho de nacer en nuestro territorio.
La CIDH, como instrumento de la OEA, busca presionar al gobierno anuente de la República Dominicana a darle residencia permanente a los 288,000 haitianos ilegales que se inscribieron en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, aunque éstos no reúnan los requisitos exigidos por la ley y la Constitución.
Cuando éramos aliados del PLD y participábamos en el gobierno del presidente Danilo Medina tuve la oportunidad de advertirle personalmente a éste que hiciera lo que hiciera por complacer a la CIDH y a los organismos internacionales, éstos nunca le reconocerían ningún mérito, ni avance alguno, en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que llevaba a cabo, puesto que el objetivo central es que la República Dominicana asuma en su territorio una masiva inmigración de haitianos sin documento alguno.
Resulta contraproducente e irritante ver al mismo gobierno que invitó a la CIDH al país, que se ha pasado 5 años haciéndole el juego a ese organismo, y al señor Luis Almagro, ahora quejarse indignado por lo abusivo de las acusaciones que se le hacen a nuestro país falsamente.
Mientras el pueblo dominicano siga durmiendo frente a esta conspiración internacional en la que participan grupos y sectores locales, no habrá respuesta firme ni a la CIDH, ni a Luis Almagro, ni al gobierno haitiano, ni a los organismos internacionales.
He dicho y reitero en este artículo que el mejor momento que tiene la República para responder estas ofensas que nos vienen desde el exterior es ahora, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordena levantar un muro en su frontera con México y tiene proyectada una estricta política migratoria para proteger el territorio de su país y la mano de obra de los norteamericanos.
El muro, el control estricto en la frontera, debiera ser la respuesta contundente del Estado dominicano a esta ofensiva internacional de la CIDH. Sin embargo, mientras esté el presente gobierno, resulta una quimera inalcanzable suponer que pueda ponerse en su puesto a la CIDH y a los organismos internacionales que procuran la fusión de RD y Haití.
Al pueblo dominicano le llegará el momento de reaccionar. Espero que cuando lo haga no sea ya muy tarde.
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