El juez del Décimo Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional, José Alejandro Vargas Guerrero, emitió ayer una
resolución que declara inadmisible para homologación el acuerdo de
conciliación sometido por la Procuraduría General de la República y
Odebrecht.
En síntesis, el acuerdo buscaba apoderarse del criterio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal para que la empresa pagara 184 millones de dólares como compensación por el soborno admitido de 92 millones de dólares para hacerse con obras estatales.
El criterio del juez fue que el ministerio público no puede intervenir como parte en un proceso de conciliación, sino que ello corresponde exclusivamente a víctimas y a imputados.
Ante el escándalo de sobornos de Odebrecht, el caso de corrupción más grande que se conozca, el procedimiento a que aspiró desde un primer momento la sociedad dominicana es al del sometimiento y condena judicial de sobornados y sobornadores.
En un caso tan alarmante como los sobornos de Odebrecht que no solo constituyen una burla al pueblo dominicano, sino un daño al clima de inversión, el peor camino para dar una satisfacción de justicia y de confi anza al pueblo dominicano es irse por una conciliación que tiene el tufo del “borrón y cuenta nueva”.
El acuerdo a que llegó Estados Unidos con Odebrecht fue correcto porque la constructora no sobornó a nadie en ese país, pero llegar a ese tipo de convenio en República Dominicana, donde los sobornos admitidos llegaron casi a 100 millones de dólares y aun no hay un solo inculpado, es poco menos que una rendición.
Todavía resuenan las palabras del presidente Danilo Medina durante su mensaje en las cámaras legislativas el pasado lunes cuando dijo que mientras él sea el gobernante, “aquí no habrá espacio para la impunidad” y que en su gobierno ni fuera de él, hay vacas sagradas que puedan escapar de la acción de la justicia.
Lo que pidieron más de 50 asociaciones empresariales, la Conferencia del Episcopado Dominicano, las congregaciones evangélicas, los partidos políticos y el resto de las fuerzas vivas del país, es que se sancione a los culpables, no que se les busquen atajos para no pagar el precio de su atrevimiento.
A Odebrecht y sus vinculados hay que llevarlos por el camino real, no por atajos, ante los tribunales para que juzguen sus trapacerías.
Tomado del editorial de
de la fecha
En síntesis, el acuerdo buscaba apoderarse del criterio de oportunidad que establece el Código Procesal Penal para que la empresa pagara 184 millones de dólares como compensación por el soborno admitido de 92 millones de dólares para hacerse con obras estatales.
El criterio del juez fue que el ministerio público no puede intervenir como parte en un proceso de conciliación, sino que ello corresponde exclusivamente a víctimas y a imputados.
Ante el escándalo de sobornos de Odebrecht, el caso de corrupción más grande que se conozca, el procedimiento a que aspiró desde un primer momento la sociedad dominicana es al del sometimiento y condena judicial de sobornados y sobornadores.
En un caso tan alarmante como los sobornos de Odebrecht que no solo constituyen una burla al pueblo dominicano, sino un daño al clima de inversión, el peor camino para dar una satisfacción de justicia y de confi anza al pueblo dominicano es irse por una conciliación que tiene el tufo del “borrón y cuenta nueva”.
El acuerdo a que llegó Estados Unidos con Odebrecht fue correcto porque la constructora no sobornó a nadie en ese país, pero llegar a ese tipo de convenio en República Dominicana, donde los sobornos admitidos llegaron casi a 100 millones de dólares y aun no hay un solo inculpado, es poco menos que una rendición.
Todavía resuenan las palabras del presidente Danilo Medina durante su mensaje en las cámaras legislativas el pasado lunes cuando dijo que mientras él sea el gobernante, “aquí no habrá espacio para la impunidad” y que en su gobierno ni fuera de él, hay vacas sagradas que puedan escapar de la acción de la justicia.
Lo que pidieron más de 50 asociaciones empresariales, la Conferencia del Episcopado Dominicano, las congregaciones evangélicas, los partidos políticos y el resto de las fuerzas vivas del país, es que se sancione a los culpables, no que se les busquen atajos para no pagar el precio de su atrevimiento.
A Odebrecht y sus vinculados hay que llevarlos por el camino real, no por atajos, ante los tribunales para que juzguen sus trapacerías.
Tomado del editorial de
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