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viernes, 13 de enero de 2017

Hasta las últimas consecuencias

Al poner en marcha los interrogatorios sobre los sobornos de la Odebrecht en el país, la Procuraduría General de la República está comprometida a hurgar profundo en el entramado de corrupción que la propia empresa brasileña ha admitido haber incurrido con sus sobornos para ganar la adjudicación de costosas e importantes obras públicas.
Partiendo de las confesiones en las que la Odebrecht admite el pago de 92 millones de dólares para coimas y compelido su gerente general local a presentar en el día de hoy a la Procuraduría General
una lista de las personas o empresas que recibieron esos pagos, queda abierta la vía franca para llegar al fondo de esas operaciones y proceder a las sanciones de lugar, sin titubeos.
Eso implica que el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que manejó la totalidad de esos fondos, lo que ha admitido aunque negase que fuesen utilizados para sobornos, también queda compelido a presentar a la Procuraduría los documentos que prueben el destino de esos recursos.
Como se trata de dineros envueltos en operaciones secretas de tufo venal, todo aquel que, en posición y rango dentro del Estado para negociar, autorizar e impulsar la concesión de las obras licitadas haya incurrido en este pecado de corrupción, debe ser sometido a interrogatorios y a las sanciones penales correspondientes si las pruebas lo incriminan irreversiblemente.
En este proceso hay dos cosas prioritarias: cómo el Estado recupera el dinero que le fue escamoteado en obras probablemente sobrevaluadas y cómo aplicará el rigor de la justicia a los culpables.
La Odebrecht, que ha admitido el pago de sobornos en distintos países, ha convenido en devolver multimillonarias sumas como parte de un acuerdo de lenidad, y eso debe lograrlo el Estado dominicano en esta coyuntura.
Lo mismo debe exigirle la justicia a los responsables dominicanos que se prestaron para el escamoteo en perjuicio del Estado, tanto si recibieron sobornos como sí, dentro del ámbito de sus potestades ofi ciales, sacaron provecho económico para sí o para terceros en estas maniobras fraudulentas, como lo establece el Artículo 146 de la Constitución, numeral 1.
Con la “Caja de Pandora” de Odebrecht destapada, no hay razones ni motivos para que la justicia dominicana eluda su papel frente al escándalo ni mucho menos para que el Ministerio Público vacile, sea timorato o dubitativo en su irrenunciable misión de sacar a fl ote toda la verdad, aun a sabiendas de que tiene que desbrozar un camino empedrado y minado por los intereses políticos y económicos envueltos en esta trama corrupta.
La sociedad espera que la lucha contra la corrupción administrativa, que siempre aparece como la promesa de oro de los gobiernos, pase defi - nitivamente esta prueba de fuego.
Tomado del editorial de
Hasta las últimas consecuencias
de la fecha