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lunes, 16 de enero de 2017

El “trauma Odebrecht”

El escándalo Odebrecht, que ha revelado las astucias de esa empresa constructora brasileña para agenciarse concesiones de obras millonarias, ha puesto al desnudo la fragilidad del escudo anticorrupción que supuestamente cubre, con una diversidad de leyes y normas, el erario nacional.
Por encima de las previsiones creadas en el sistema de contrataciones y licitaciones para las compras públicas, vendedores, proveedores u oferentes de servicios y obras para el Estado se las arreglan para infl uir en concursos y conseguir por la izquierda, o por debajo de la mesa, como se dice, su propósito mercurial.
Lo que llama la atención es que la Odebrecht, que ha logrado una nombradía mundial por las obras de envergadura que ha realizado en muchos países, tenga que valerse de sobornos (como públicamente ha admitido) para ganarse derechos de concesión que válida y legalmente pudiera lograrlos en base a sus estándares de calidad o a su capacidad para responder a los requerimientos de las licitaciones.
Al recurrir al mecanismo de sobornos en una docena de países, entre ellos el nuestro, donde erogó 92 millones de dólares para esos fi nes, la Odebrecht se puso del lado de las malas prácticas que la República Dominicana, con sus leyes de transparencia y sus normativas para las licitaciones y contrataciones, trata de controlar o minimizar desde que entró a formar parte del DR-Cafta o acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica.
El trauma provocado por el escándalo de los sobornos, que está en proceso de judicialización, obliga al Estado dominicano, vale decir a todos sus poderes juntos, a tomar acciones que blinden mejor al erario de estas manipulaciones que afectan los procesos de contrataciones o licitaciones públicas.
Si de veras hay empeño e interés en combatir el fl agelo de la corrupción, cuyas consecuencias las estamos padeciendo en toda su patética dimensión no solo en este caso, sino en otros de igual jaez, se impone una revisión de arriba a abajo del mecanismo de la transparencia, conjuntamente con una ejemplar actuación de la justicia castigando penalmente a todos los que entran en estos contubernios perversos para estafar y burlar al Estado y a la sociedad en su conjunto.
Frente a este episodio vergonzoso, no queda más camino que aplicar el rigor de la ley a los que, prevalidos de enllavaduras o posiciones decisivas en los órganos del Estado, han incurrido en estas tramposerías en perjuicio del interés público, violando la Constitución y las leyes, que son bastante explícitas en la prohibición de tales prácticas corruptas.
Tomado del editorial de
El “trauma Odebrecht”de la fecha