Si la Constitución instituye un régimen de
igualdad entre los dominicanos, no importa si se encuentran bajo
limitaciones físicas o de otro tipo, es un contrasentido que estos
últimos hayan vivido tanto tiempo al margen o privados de disfrutar de
estos derechos fundamentales.
Es ahora, en la perspectiva del recién promulgado reglamento de aplicación de la Ley 5-13 sobre discapacidad, que el panorama parece a punto de cambiar.
Porque el reglamento, esperado durante muchos años para que por fin la ley pudiera ser puesta en vigor, confiere a los discapacitados una serie de beneficios que antes no tenían a plenitud, lo que constituía un flagrante pecado de exclusión.
Esa deuda social que contrajimos con ellos comenzará a ser saldada a partir de los próximos cuatro años, cuando las instituciones públicas y privadas deberán adecuar sus estructuras físicas y operacionales para facilitar la accesibilidad de los discapacitados.
También, se ha hecho obligatorio el que las empresas del sector público y del privado empleen un porcentaje de estas personas, así como se incluyan en los pensums de las carreras de salud de las universidades o centros especializados, las asignaturas que aborden el trato digno a los discapacitados y las temáticas que se refieren a las distintas formas de situación especial en que se encuentran.
Del mismo modo, se establece como obligatorio que los colegios privados de educación pre-universitaria, así como las universidades, otorguen becas totales a las personas discapacitadas, equivalentes al uno por ciento de la matrícula inscrita.
También se contemplan tratos dignos a aquellos que necesitan dispositivos especiales y medicamentos o atenciones domiciliarias por parte del Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Discapacidad y el Programa de Medicamentos Esenciales.
Poco a poco estamos sembrando la cultura de la inclusión y de las oportunidades para estos compatriotas que, por sus limitaciones, quedaron marginados de todos los procesos productivos y hasta del simple derecho a transitar y acceder como los demás a los distintos espacios vitales del país.
Tomado del editorial de
de la fecha
Es ahora, en la perspectiva del recién promulgado reglamento de aplicación de la Ley 5-13 sobre discapacidad, que el panorama parece a punto de cambiar.
Porque el reglamento, esperado durante muchos años para que por fin la ley pudiera ser puesta en vigor, confiere a los discapacitados una serie de beneficios que antes no tenían a plenitud, lo que constituía un flagrante pecado de exclusión.
Esa deuda social que contrajimos con ellos comenzará a ser saldada a partir de los próximos cuatro años, cuando las instituciones públicas y privadas deberán adecuar sus estructuras físicas y operacionales para facilitar la accesibilidad de los discapacitados.
También, se ha hecho obligatorio el que las empresas del sector público y del privado empleen un porcentaje de estas personas, así como se incluyan en los pensums de las carreras de salud de las universidades o centros especializados, las asignaturas que aborden el trato digno a los discapacitados y las temáticas que se refieren a las distintas formas de situación especial en que se encuentran.
Del mismo modo, se establece como obligatorio que los colegios privados de educación pre-universitaria, así como las universidades, otorguen becas totales a las personas discapacitadas, equivalentes al uno por ciento de la matrícula inscrita.
También se contemplan tratos dignos a aquellos que necesitan dispositivos especiales y medicamentos o atenciones domiciliarias por parte del Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de Discapacidad y el Programa de Medicamentos Esenciales.
Poco a poco estamos sembrando la cultura de la inclusión y de las oportunidades para estos compatriotas que, por sus limitaciones, quedaron marginados de todos los procesos productivos y hasta del simple derecho a transitar y acceder como los demás a los distintos espacios vitales del país.
Tomado del editorial de
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