Esas informaciones, de que más de cuatro mil funcionarios de gobierno ocultaban sus declaraciones, hacía creer que los negados a declarar sus bienes eran solo de la administración central. Pero son todos. Electos y designados. Desde regidores hasta el Presidente, incluyendo los congresistas.
El Poder Ejecutivo debe gestionar que la ley obligue a depositar la declaración jurada al momento de tomar posesión. Es un cuento chino alegar que se ignora lo que se tiene. Las deudas pueden olvidarse pero no así los teneres.
Si se quiere tener trasparencia hay que exigir el cumplimiento de la ley.
El presidente Medina declaró que no tolerará fallas en ese sentido. Le haría un servicio al país si envía un proyecto con las modificaciones legales a lo vigente para que haya un régimen de consecuencias contra los rebeldes o sospechosos de incurrir en fullería. Este es su Congreso. Así metería en cintura a los tardos.
Los congresistas municipales viven como caprinos desquiciados. Les puede beneficiar la ignorancia sobre estas disposiciones legales, porque algunos son de pocas lecturas, pero si conocen los requisitos para optar por un cargo electoral tendrán que saber que deben sumar los chelitos que almacenan y ponerlos en blanco y negro. Cierto también es que la falta en cultura les sobra en astucia. La fiscalía debe tomar carta en el tema. Los que se niegan a declarar los bienes que poseen o actúan con olvido al dejar el cargo, debían ser procesados. Esa evasión es sospecha legítima de malos procederes. Quien nada teme nada oculta. Ya el Gobierno ha puesto un plazo para la declaración de bienes por parte de los empleados del Poder Ejecutivo. Se desea que no haya cambios. Que las fechas se cumplan para que esté al alcance popular lo que tiene cada quien al asumir y al abandonar. Son estas de las cuabas que se cargan al ponerse bajo las reglas.
Los municipalistas son harina de otro costal. Parece.
No hay comentarios:
Publicar un comentario