Invivienda, uno de los fracasos inmobiliarios más resonantes del
Estado dominicano, sigue siendo hoy una ruina, a 34 años del inicio de
su construcción.
El Estado se ha desentendido de quienes fueron precisamente
esquilmados al avanzar iniciales o pagos sustanciales por apartamentos
que quedaron a medio talle, tal como están hoy, o que nunca se
edificaron.
En esa situación se encuentran más de 300 familias que, para no
perderlo todo, se metieron en los apartamentos inacabados, les hicieron
algunos arreglitos y allí mal pasan sus vidas desde hace 30 años.
Un drama incesante. Un desamparo total.
Desde la discontinuidad de esa obra, pensada originalmente para dotar
de apartamentos dignos a familias de la clase media, en la capital y en
otros lugares el Estado ha construido residenciales de este tipo y para
el mismo segmento de población, mientras Invivienda permanece
estancada.
Debería procederse a una evaluación de los edificios y decidir si es
viable reacondicionarlos. Si no cabe arreglo o salvamento, entonces el
Estado tendría que honrar su viejo compromiso con los adquirientes
facilitándoles un apartamento en las condiciones en que se acordó
originalmente, y bajo cuyos términos esos ciudadanos pagaron parcial o
totalmente sus costos.
Más que una reparación, justa por demás, lo que debe motivar la
intervención urgente de ese conjunto de edificaciones ruinosas es el
deber del Estado de acudir en auxilio de 300 familias que soportan
hacinamiento, insalubridad y carencias, lo que no estaba en el paquete
que le vendieron en 1982 cuando se inauguró Invivienda.
Es más grande el problema humanitario que el físico o estructural de estas edificaciones. Y el Estado no
Tomado del editorial del
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