sábado, 22 de octubre de 2016

El subsidio, un pastel mal repartido

Una de las razones más poderosas y atendibles que tuvo el Gobierno para disponer la eliminación del subsidio al gasoil que ofrecía a los transportistas desde el 2011 era la de que este privilegio “no se usa para los fines para los cuales fue originalmente concebido”.
Resultaba altamente oneroso, pues el Estado le transfería a los sindicatos choferiles (vale decir, a las pocas empresas que monopolizan este servicio) entre 2 mil y 4 mil millones de pesos en subsidios, para que no aumentaran las tarifas del concho.
Rápidamente el subsidio se convirtió en una especie de jugoso botín para las empresas que agrupan a los choferes y hasta pleitos y muertes violentas se produjeron entre los grupos, como si se tratara de una auténtica lucha entre cárteles mafiosos para quedarse con la mayor parte del pastel.
Al quitarles de golpe esta multimillonaria tajada, las empresas que se hacen llamar sindicatos reaccionaron amenazantes y ya en algunas rutas bajo su control se han producido aumentos de las tarifas, sin ninguna justificación.
Porque resulta que, en un sondeo realizado por este diario con choferes afiliados a esas empresas, quedó en evidencia que la mayoría no recibe ni nunca ha recibido el equivalente de valor de 3,400 pesos, lo que revela que con ese subsidio había un chanchullo raro.
Este reparto selectivo del subsidio influyó en el Gobierno para tomar la decisión de suspenderlo, aparte de que no se justificaba pues la mayoría de los vehículos del concho usa gas licuado y no gasoil, por asunto de costos.
Ante tal realidad, tampoco se justifica que ahora eleven las tarifas, porque la ciudadanía ya les descubrió las señas y sabe que lo hacen para echarle al Gobierno la carga del malestar y trastorno que éstas provocan entre los usuarios del transporte público.
Tomado del editorial de 
El subsidio, un pastel mal repartido la fecha