La elaboración del presupuesto ha sido, y sigue siendo, el
rompecabezas de todos los años del gobierno de turno, en función de las
naturales demandas de aumento que hacen las distintas instituciones del
sector público para cumplir con múltiples necesidades y compromisos
indispensables, incluso algunos que son mandatos de la ley, pero como
los ingresos siempre resultan insuficientes, las expectativas de todo el
que espera una mejoría en sus asignaciones al final se desvanecen.
Y eso, que no deja de ser un lamentable círculo vicioso, representa a
un problema capital que algún día el país debe resolver, porque cuando
una serie de instituciones, como la Judicatura, el Ministerio Público y
la Policía, entre otras, quedan atadas de pies y manos por falta de
recursos para crecer, fortalecerse y cumplir con sus responsabilidades y
tareas de rigor, es la institucionalidad la que se reciente, y las
consecuencias las siente toda la sociedad.
En el caso de la Policía, recién “reformada”, pero todavía con los
mismos males, lacras y “sueldos cebollas” que le caracterizan, procede
una mejoría salarial para todos sus miembros, como es promesa y pensado
de viejo, pero nunca comenzar con aumentos “puntuales”, o sea, a algunos
o a una parte, lo cual puede dar lugar a distorsiones y privilegios
irritantes a lo interno del cuerpo ,que terminen agrandando el problema y
los disgustos de sus integrantes.
Los aumentos siempre deben ser generales, producto de una política de
equidad, y luego pensar en lo “puntual”, partiendo de especialidad,
capacidad y méritos, y hasta del compromiso con algún sector intrincado,
como el Colegio Médico (¿). En el caso de la Judicatura, con alguna
mejoría y sin el descuido en que se ha incurrido con el Ministerio
Público, le aumentan 800 millones y al último ni un centavo. El titular
de la Suprema da una voz de alarma, define de “ínfimo” el aumento,
frente a una asignación de 14,329 millones solicitada, porque hay unos
98 tribunales creados por ley que no están funcionando por falta de
dinero, y hay 133 juzgados de Paz que están operando en locales
alquilados, que hay que adquirir espacios propios para mejorar las
condiciones de trabajo y los servicios judiciales.
De ahí que el magistrado Germán aspire “a no perder la fe en la
sensatez ,cordura y buen juicio de los demás poderes públicos al momento
de la aprobación del Presupuesto General del Estado”.Con relación a
condiciones de trabajo y de salario de procuradores y fiscales, el nuevo
titular Alain Rodríguez debió estrenarse “echando el pleito” para que
su área y su personal dejen de ser la cenicienta de la justicia que
siguen siendo, violándose la ley.
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