lunes, 31 de octubre de 2016

Demandemos a Embraer

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de confirmar la información de que la gigante empresa aeronáutica brasileña Embraer se había declarado culpable y admitido pagar una multa superior a los 200 millones de dólares a los Estados Unidos por haber violado una ley federal que castiga las prácticas corruptas, al haber incurrido en soborno de funcionarios públicos de varios países, incluyendo la República Dominicana, en la adquisición de aviones Super Tucano.
Para nuestro país, el hecho de que Embraer admitiera la comisión por parte de sus ejecutivos de un grave crimen en la República Dominicana, tiene consecuencias jurídicas muy poderosas, que le abren un claro camino al Estado Dominicano de procurar un justo resarcimiento, no sólo relativo al sobreprecio de los aviones adquiridos, sino a los daños y perjuicios generados por la comisión del crimen; ésto independientemente de las sanciones penales aplicables a los funcionarios dominicanos, civiles o militares, que participaron en esa trama corrupta al recibir dinero de Embraer.
El Artículo 179 del Código Penal, modificado por la Ley 3210 de 1952, establece textualmente: “El que con amenazas, violencias, promesas, dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratare de sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes o delegados, mencionados en el Artículo 177, con el fin de obtener decisión favorable... será castigado con las mismas penas que puedan caber al funcionario o empleado sobornado. Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose de idénticos medios, obtuvieran colocación, empleo, adjudicación o cualesquiera otros beneficios, o que recabaren del funcionario cualquier acto propio de su ministerio.” El Artículo 180 del Código Penal, establece: “Al sobornante nunca se le concederá la restitución de las cosas o los valores entregadas por él, ni las del valor que aquellas representen”.
Como se puede colegir de manera clara y precisa, nuestro Código Penal castiga, no sólo a los funcionarios públicos que reciben soborno, sino con las mismas penas al que soborna, por lo que resultaría un absurdo dejar fuera de proceso penal y de reclamación civil al que ha admitido cometer ese crimen contra el Estado dominicano.
He sugerido al gobierno dominicano realizar las consultas legales correspondientes, tanto en Brasil como en los Estados Unidos, para determinar cuál sería la mejor vía para accionar contra Embraer y sus confesos ejecutivos. Estoy convencido como abogado y ciudadano que, así como Embraer tuvo que pagar a los Estados Unidos 200 millones de pesos por violar su ley, así podría pagar una suma igual o parecida a la República Dominicana si se implementan las acciones correspondientes a nombre de nuestro Estado.
Si alguna posibilidad tiene el Estado dominicano de ser resarcido económicamente es por la gigante aeronáutica brasileña, que para suerte del país ya se declaró culpable en otras jurisdicciones, con lo que la prueba se facilitaría enormemente para la defensa de los intereses nacionales.
Algunos desorejados han planteado que una reclamación de cientos de millones de dólares a la sobornante Embraer sería una “distracción” que impediría el juicio de los funcionarios civiles o militares dominicanos comprometidos en el confesado soborno. Nada podría ser más disparatoso que esa absurda tesis. La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público no tendría ningún tipo de daño o interferencia ante la acción resarcitoria del Estado dominicano frente a Embraer.
Hemos sostenido públicamente que con la misma vehemencia y firmeza que defendimos la decisión del Estado dominicano de armar la Fuerza Aérea Dominicana ante el bombardeo incesante del narcotráfico internacional sobre el cielo patrio durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, adquiriendo los aviones Super Tucano, hoy decimos que el funcionario civil o militar que aprovechó la ocasión para hacer un negocio turbio y embolsillarse un dinero a través de soborno, debe pagar las consecuencias legales de ese hecho, llámese como se llame, sin que haya vacas sagradas.
No puede haber justicia real y verdadera si sólo se castiga a quienes aceptaron el soborno y se deja fuera de proceso y sin reclamación alguna a quien sobornó y a quien se llevó la gran tajada con el dinero público del Estado dominicano.
El presidente Danilo Medina y su gobierno tienen la palabra.
Por Vinicio A. Castillo Semán ;-