El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de confirmar
la información de que la gigante empresa aeronáutica brasileña Embraer
se había declarado culpable y admitido pagar una multa superior a los
200 millones de dólares a los Estados Unidos por haber violado una ley
federal que castiga las prácticas corruptas, al haber incurrido en
soborno de funcionarios públicos de varios países, incluyendo la
República Dominicana, en la adquisición de aviones Super Tucano.
Para nuestro país, el hecho de que Embraer admitiera la comisión por
parte de sus ejecutivos de un grave crimen en la República Dominicana,
tiene consecuencias jurídicas muy poderosas, que le abren un claro
camino al Estado Dominicano de procurar un justo resarcimiento, no sólo
relativo al sobreprecio de los aviones adquiridos, sino a los daños y
perjuicios generados por la comisión del crimen; ésto independientemente
de las sanciones penales aplicables a los funcionarios dominicanos,
civiles o militares, que participaron en esa trama corrupta al recibir
dinero de Embraer.
El Artículo 179 del Código Penal, modificado por la Ley 3210 de 1952,
establece textualmente: “El que con amenazas, violencias, promesas,
dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratare de
sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes o
delegados, mencionados en el Artículo 177, con el fin de obtener
decisión favorable... será castigado con las mismas penas que puedan
caber al funcionario o empleado sobornado. Las mismas penas se impondrán
a los que, valiéndose de idénticos medios, obtuvieran colocación,
empleo, adjudicación o cualesquiera otros beneficios, o que recabaren
del funcionario cualquier acto propio de su ministerio.” El Artículo 180
del Código Penal, establece: “Al sobornante nunca se le concederá la
restitución de las cosas o los valores entregadas por él, ni las del
valor que aquellas representen”.
Como se puede colegir de manera clara y precisa, nuestro Código Penal
castiga, no sólo a los funcionarios públicos que reciben soborno, sino
con las mismas penas al que soborna, por lo que resultaría un absurdo
dejar fuera de proceso penal y de reclamación civil al que ha admitido
cometer ese crimen contra el Estado dominicano.
He sugerido al gobierno dominicano realizar las consultas legales
correspondientes, tanto en Brasil como en los Estados Unidos, para
determinar cuál sería la mejor vía para accionar contra Embraer y sus
confesos ejecutivos. Estoy convencido como abogado y ciudadano que, así
como Embraer tuvo que pagar a los Estados Unidos 200 millones de pesos
por violar su ley, así podría pagar una suma igual o parecida a la
República Dominicana si se implementan las acciones correspondientes a
nombre de nuestro Estado.
Si alguna posibilidad tiene el Estado dominicano de ser resarcido
económicamente es por la gigante aeronáutica brasileña, que para suerte
del país ya se declaró culpable en otras jurisdicciones, con lo que la
prueba se facilitaría enormemente para la defensa de los intereses
nacionales.
Algunos desorejados han planteado que una reclamación de cientos de
millones de dólares a la sobornante Embraer sería una “distracción” que
impediría el juicio de los funcionarios civiles o militares dominicanos
comprometidos en el confesado soborno. Nada podría ser más disparatoso
que esa absurda tesis. La investigación llevada a cabo por el Ministerio
Público no tendría ningún tipo de daño o interferencia ante la acción
resarcitoria del Estado dominicano frente a Embraer.
Hemos sostenido públicamente que con la misma vehemencia y firmeza
que defendimos la decisión del Estado dominicano de armar la Fuerza
Aérea Dominicana ante el bombardeo incesante del narcotráfico
internacional sobre el cielo patrio durante el gobierno del presidente
Leonel Fernández, adquiriendo los aviones Super Tucano, hoy decimos que
el funcionario civil o militar que aprovechó la ocasión para hacer un
negocio turbio y embolsillarse un dinero a través de soborno, debe pagar
las consecuencias legales de ese hecho, llámese como se llame, sin que
haya vacas sagradas.
No puede haber justicia real y verdadera si sólo se castiga a quienes
aceptaron el soborno y se deja fuera de proceso y sin reclamación
alguna a quien sobornó y a quien se llevó la gran tajada con el dinero
público del Estado dominicano.
El presidente Danilo Medina y su gobierno tienen la palabra.
Por Vinicio A. Castillo Semán ;-
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