jueves, 1 de septiembre de 2016

Dilma Rousseff recurre a la máxima autoridad jusdicial de Brasil para luchar en contra de su destitución

La defensa de Dilma Rousseff recurre al Supremo su destitución por el Senado
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha recurrido ante el Supremo Tribunal Federal la decisión tomada ayer por el Senado (61 votos a favor, 20 en contra) de su país de deponerla del poder. En el recurso, presentado por su defensa este jueves, sus abogados alegan que dos de los artículos de la ley que ampara su impeachment son inconstitucionales.
Su defensa, dirigida por el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, solicitará asimismo que hasta que la corte se pronuncie, el actual presidente brasileño, Michel Temer -que fue investido ayer, unas horas después de la destitución de Rousseff- regrese a su condición de interino.
Que nada de esto ocurra o depende del magistrado del Supremo Tribunal Teori Zavascki: a él le corresponde la potestad de admitir el recurso de Rousseff. Según las leyes brasileñas, puede tomar la decisión por su cuenta o consultar con los otros once magistrados que conforman el Tribunal. No tiene fecha para pronunciarse.
Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que el Estado debería hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos.
El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga toda violación "de la ley de presupuesto" y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control.
No obstante, en la apelación presentada hoy, la defensa sostiene que esos artículos "no son compatibles" con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, "no incorporó" plenamente el texto legal que los contiene, conocido como Ley de Impeachment.
De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre la supuesta "incompetencia" e "ilegalidad" de los artículos de la ley de 1950 en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto, declararon culpable a la expresidenta.