La defensa de Dilma Rousseff recurre al Supremo su destitución por el Senado
La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha recurrido ante el Supremo Tribunal Federal la decisión tomada ayer por el Senado (61 votos a favor, 20 en contra) de su país de deponerla del poder.
En el recurso, presentado por su defensa este jueves, sus abogados
alegan que dos de los artículos de la ley que ampara su impeachment son
inconstitucionales.
Su defensa, dirigida por el exministro de Justicia José Eduardo
Cardozo, solicitará asimismo que hasta que la corte se pronuncie, el
actual presidente brasileño, Michel Temer -que fue investido ayer, unas
horas después de la destitución de Rousseff- regrese a su condición de
interino.
Que nada de esto ocurra o depende del magistrado del Supremo
Tribunal Teori Zavascki: a él le corresponde la potestad de admitir el
recurso de Rousseff. Según las leyes brasileñas, puede tomar la decisión
por su cuenta o consultar con los otros once magistrados que conforman
el Tribunal. No tiene fecha para pronunciarse.
Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban
basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se
definen los "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la
destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos
sin una previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que
el Estado debería hacer en la banca pública para costear diversos
planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por
convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres
abogados que denunciaron a la presidenta hace más de nueve meses de hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos.
El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga toda
violación "de la ley de presupuesto" y el segundo la obtención de
créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que
están bajo su propio control.
No obstante, en la apelación presentada hoy, la defensa sostiene que
esos artículos "no son compatibles" con la Constitución de 1988, que,
desde su punto de vista, "no incorporó" plenamente el texto legal que
los contiene, conocido como Ley de Impeachment.
De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre la supuesta
"incompetencia" e "ilegalidad" de los artículos de la ley de 1950 en que
fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su
voto, declararon culpable a la expresidenta.
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