En esos días se había producido una insólita fricción entre el embajador de Estados Unidos, James W. Brewster, y el magistrado presidente de la JCE, tras de lo cual Rosario reveló que había recibido presiones y amenazas de ser “castigado” con la anulación de su visado.
Ayer se consumó el castigo, con la agravante de hacer extensiva la revocación a su visa oficial como funcionario del Estado, no sólo a la ordinaria.
Estados Unidos tiene la plena potestad de revocar las visas a personas que entienda que no son elegibles para poseerlas. Por lo general, no ofrece explicaciones públicas sobre las causas, aunque en el caso actual sobran las evidencias para suponer que obedecen a una retaliación.
La retaliación también está en su catálogo de acciones en política exterior, sobre todo en factores transversales como la lucha contra el narcotráfico, la corrupción o las amenazas a la seguridad nacional.
Talvez el “pecado” de Roberto Rosario fue decir con claridad que el embajador Brewster “estaba heredando unas prácticas” que permitían en el pasado que las delegaciones diplomáticas se creyeran con más autoridad que el órgano electoral, lo que dio lugar a “relaciones ríspidas” entre la embajada y la JCE, o entre el embajador y el magistrado, que fueron puestas en evidencia.
Con estos antecedentes queda claro el verdadero origen y motivación de la cancelación de los dos visados: el castigo a las actitudes y posiciones de un funcionario que luchó para preservar la autonomía, independencia y dignidad de la Junta Central Electoral ante cualquier presión o injerencia, criolla o foránea, venga de donde venga.
“Hubo problemas, hubo problemas, pero ya pasaron”, dijo Rosario al admitir la fuerte confrontación personal con el embajador Brewster que originó la amenaza de cancelarle la visa.
En realidad, el problema no ha pasado.
Tomado del editorial del
de la fecha
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