Pese a las críticas de EE.UU. y la ONU, las fuerzas de seguridad y las
milicias de vigilantes filipinos patrullan las ciudades para dar caza a
los criminales relacionados con el narcotráfico.
Desde la llegada de Rodrigo Duterte a la presidencia de Filipinas el
30 de junio de este año y el comienzo inmediato de su prometida campaña
para acabar con las drogas y la criminalidad en el país, más de 1.900
personas han muerto, en su gran mayoría narcotraficantes y drogadictos, a
manos de la Policía, fuerzas de seguridad y milicias ciudadanas de
vigilantes que patrullan las calles, informa Reuters.
Con
cerca de 11.000 detenciones y 700.000 individuos que han optado por
entregarse, el jefe de la Policía del país, Ronald de la Rosa, defendió
la campaña antidroga ante los senadores de la oposición. "No somos unos
carniceros", afirmó de la Rosa, esgrimiendo que esta política tiene un
efecto atenuante sobre los criminales que ha provocado un descenso
significativo en el nivel de criminalidad general, a pesar de que los
asesinatos y homicidios han aumentado notablemente.
Los métodos del presidente filipino Rodrigo Duterte han sido criticados por la Organización de las Naciones Unidas
y EE.UU., que acusan a Manila de violar los Derechos Humanos y han
amenazado con sancionar al país asiático e incluso expulsarle de la ONU.
Duterte acusó a los funcionarios gubernamentales de tener vínculos con el narcotráfico y tachó de "estúpida" a la ONU por criticar sus medidas en la lucha contra el narcotráfico.
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