lunes, 21 de marzo de 2016

Brasil... ¡Ojo pelao!

La oligarquía tradicional aliada a sectores de la oposición política y la sociedad civil fraguan un golpe de Estado en Brasil respaldados por intereses que trascienden sus fronteras. Esos grupos --que han logrado penetrar el Poder Judicial--, tratan de desmontar los logros económicos y sociales del Partido de los Trabajadores y sus líderes, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en sus cuatro períodos continuados de gobierno.
A la presidenta Rousseff le tienen montada una grosera campaña desde 2013 que comenzó con protestas callejeras por un pequeño aumento en las tarifas del transporte público.
La idea era crear las condiciones para derrotarla en las elecciones pasadas pero ella ganó la reelección.
Obtuvo una victoria frágil en segunda vuelta luego de remontar una importante diferencia. Y a esa fragilidad apuestan sus adversarios para hacerla saltar del cargo.
Juegan también con el descontento que provoca la complicada situación que vive la economía brasileña. El desplome de los precios internacionales de las materias primas decretó el fi n de la abundancia y Brasil va para su segundo año de decrecimiento; su moneda, el real, pierde valor y crece la infl ación mientras aumenta el desempleo.
Ese malestar de la economía propició las condiciones para que los enemigos del Partido de los Trabajadores manejen políticamente el escándalo de corrupción de Petrobras y las investigaciones de la Operación Lava Jato, conducidas por un declarado adversario de Lula y Rousseff, el juez Sergio Moro.
Se trata de un magistrado que, independientemente de los indicios o de la contundencia de la acusación, ha manejado el caso con evidente sesgo y con saña notoria contra el ofi cialismo. Ha manipulado el proceso mediáticamente a tal punto que se ha convertido en la nueva estrella del espectro político brasileño; su nombre y su rostro son emblemas de las protestas contra Dilma y Lula y algunos ya lo mencionan como sucesor de la actual Presidenta.
Pero esos grupos no quieren esperar las elecciones para llegar al Palacio de Planalto y buscan derrocar un gobierno legítimo elegido por la mayoría de los brasileños. La presidenta Rousseff ha dicho que no renunciará a pesar de las multitudinarias manifestaciones en su contra y las amenazas de juicio político, pero sus adversarios no cejan en el intento de poner fi n a su mandato aunque cercenen preceptos de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, el elemento más perturbador que subyace en este proceso es la forma como están infl uyendo en el sistema democrático las decisiones de los jueces, que en algunos casos pretenden desplazar y sobreponerse a otros poderes del Estado, en una clara y retorcida judicialización de la política.
En las últimas décadas el debate sobre ese tema ha tomado fuerza en la región y cada vez se cuestiona con mayor vehemencia que funcionarios de un poder delegado que detentan posiciones que no emanan de la voluntad popular, se abroguen la facultad de doblegar las decisiones de poderes legitimados por el voto popular.
En el caso de Brasil las decisiones judiciales buscan incidir en una crisis política con un trasfondo electoral… Y eso no tiene precedentes en la región: Sergio Moro no actúa como un juez investigador sino como un activista político.
La orden de allanar la casa de Lula para conducirlo a un interrogatorio y la forma como develó escuchas judiciales clasifi cadas, son claras muestras de sus manejos poco éticos y de cómo abusa de sus prerrogativas, al extremo de incurrir en el delito de prevaricación judicial. Lo mismo ocurre con el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, que se vanagloria difundiendo en las redes sociales fotos de su presencia en las protestas antigubernamentales, y que descaradamente desconoció las facultades constitucionales de la institución presidencial al anular la designación de Lula como ministro del gobierno.
Por estos lares, sin embargo, algunos gallos locos no advierten la gravedad de los precedentes que podría establecer este proceso, y se enfrascan en una vorágine de chismes, inventos y tergiversaciones en un vano intento por sacarle fi lo político electoral.
Es obvio que no alcanzan a ver el peligro que maniobras de ese tipo suponen para los países de la región con regímenes democráticos, sobre todo porque forman parte de una agenda supranacional que procura atacar la democracia en nombre de la lucha contra la corrupción.
La probeta de laboratorio fue Guatemala y ahora lo intentan en Brasil utilizando ONG’s que “luchan” contra la corrupción y apelan al denuncismo y al escándalo para debilitar las instituciones y los sistemas de partidos.
Para eso cuentan con jueces y fi scales del tipo Moro: prepotentes, con aspiraciones políticas y con ínfulas de grandeza, susceptibles de ver sus egos infl ados por vanos elogios que los motivan para pretender erigirse en paladines de la ética publica en el contexto de una falsa campaña moralizadora.
Personajes de esa calaña los tenemos aquí por pipá, tanto en la Judicatura como en el Ministerio Público. ¡Ojo con ellos! La advertencia vale para el PLD, partido que va también camino a su cuarto mandato consecutivo… E igual con dos presidentes con logros en abundancia para exhibir...
¡... Igualito que en Brasil!
Por Oscar Medina ;-