¡A la cárcel!

Por RUDDY L. GONZÁLEZ ;-

La caja de Pandora que ha abierto el suicidio de un arquitecto en un baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, abre una oportunidad para poner fin al entramado mafioso que opera en las contrataciones y pagos de obras gubernamentales y que anteriores autoridades de la OISOE operaron, y dejaron establecidas, en niveles que espantan.

La gravedad de este episodio demanda sanciones serias.

Es un secreto a voces el pago de comisiones, entre el 10% y el 30% -hay quienes aseguran han pagado hasta 50%- para que un contratista pudiera ‘sacar’ los pagos de cubicaciones --no solo en la OISOE-- en la generalidad de las dependencias públicas, donde se construyen obras y/o donde suplidores privados negocian sus mercancías con el Gobierno.

En la OISOE -el caso que ocupa hoy la atención nacional- funcionarios ya expulsados montaron y operaron la más descarada, abusiva y criminal madeja de extorsión y robo de los recursos públicos y de los beneficios que debían obtener los constructores de obras del Estado.

El Gobierno actual logró “transparentizar” las asignaciones de las obras con los sorteos públicos, pero la mafi a -me decía un ingeniero esta semana- tenía una estructura desde el interior de la Institución que le permitía dilatar y/o retener los pagos para provocar la desesperación de los contratistas, a quienes no le dejaban otra opción que pagar el soborno y grandes intereses por los “préstamos”, si querían lograr sus cobros.

Esa mafia, que copó todo el proceso, realizaba descaradas sobrevaluaciones de obras, ejercía presiones para que se favorecieran empresas suplidoras de las cuales recibían jugosos beneficios, y conformaron bien aceitados mecanismos de extorsión con “préstamos”, para que los constructores independientes pudieran cumplir compromisos de pagos con trabajadores y suplidores.

Joel Soriano de los Santos

Esa mafía, cuyas cabezas y principales ejecutores tiene nombres y apellidos bien conocidos, deben pagar, y bien caro, por esta criminal madeja de robo de los dineros del Estado y de los contratistas, ingenieros y/o arquitectos y constructores privados.

Lo menos que debe hacerse con estos bandidos, que se creen “redimidos” de culpa por haber sido destituidos del cargo, es meterlos en la cárcel con sanciones ejemplarizantes, y que los bienes que se robaron les sean confiscados en su totalidad y devueltos al Estado y a los perjudicados de sus vulgares extorsiones.