República Dominicana emprenderá una campaña internacional de relaciones públicas para tratar de mitigar las críticas contra su política migratoria, que incluye la eventual deportaciones de miles de inmigrantes haitianos.
Rafael Blanco, presidente de la cúpula empresarial, indicó que en conjunto con el gobierno contrataron tres compañías de relaciones públicas en Washington y otra en Bruselas a fin de que explique a la opinión pública la política migratoria y el recién concluido plan de regularización de inmigrantes.
Los costos de la campaña, que no fueron revelados, serán cubiertos por los empresarios y el gobierno en partes iguales.
Blanco y el líder de los industriales, Campos de Moya, anunciaron el proyecto luego de dialogar sobre el tema con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
República Dominicana ha sido objeto de múltiples cuestionamientos internacionales luego de que su Tribunal Constitucional ordenó en septiembre del 2013 anular mediante juicios individuales la nacionalidad de las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia. La medida afectaba a miles de descendientes de inmigrantes del vecino Haití.
Una ley posterior ordenó convalidar la nacionalidad de los afectados, siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro civil, mientras que aquellos que nunca tuvieron acta de nacimiento serían asumidos como extranjeros con la posibilidad de naturalizarse en un periodo reducido de dos años.
Diversos organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, aseguraron en recientes reportes que miles de personas aún no tienen documentos, por lo que están en peligro de ser deportados una vez que el gobierno retome las repatriaciones de extranjeros sin permiso de residencia.
El gobierno concluyó a mediados de junio un ambicioso programa para legalizar el estatus de todos los extranjeros, en su mayoría haitianos, que viven en el país sin permiso migratorio.
Solamente 288.500 extranjeros comenzaron el trámite de regularización de los 524.000 que se estima viven en el país. El gobierno ha insistido que quienes no se inscribieron deben abandonar el país o serán repatriados.
Desde el cierre del programa, unas 40.000 personas se han ido de forma voluntaria a Haití, según cifras de la dirección de Migración.
El gobierno haitiano ha insistido en diversos foros, incluido la Organización de Estados Americanos, en que las eventuales deportaciones le crearán una crisis humanitaria.
De forma paralela a la contratación de empresas de relaciones públicas, el canciller Andrés Navarro tenía previsto reunirse el lunes en Nueva York con todos los embajadores de América Latina y el Caribe ante Naciones Unidas a fin de explicarles las política migratoria y el plan regularización.
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