El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán, produjo una contundente y fulminante respuesta al Procurador General de la República, Dr. Francisco Domínguez Brito, quien en un hecho sin precedentes en la historia de la República Dominicana convirtió su despacho en un centro politiquero impulsador de una gigantesca campaña de descrédito contra el poder judicial y específicamente contra la SCJ.
Le advertimos al Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, de los graves peligros que para el país tendría nombrar como Procurador General de la República a un político aspirante presidencial. Previmos en múltiples ocasiones que todo lo que hiciera el Dr. Domínguez Brito desde sus funciones de jefe del Ministerio Público iba a estar matizado o influenciado por un interés político personal.
Lamentablemente no se nos hizo caso. El Presidente Danilo Medina dejó que el Dr. Domínguez Brito, designado por él en el cargo, llevara a cabo una campaña mediática que azuzara al pueblo dominicano a ver en los jueces que componen el poder judicial, aliados de la corrupción y el crimen, teniendo como excusa el No Ha Lugar dictado en favor del Senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista.
De la Suprema Corte de Justicia se ha fabricado la falsa imagen de que es un organismo integrado por políticos al servicio del Dr. Leonel Fernández, expresidente de la República. Se le oculta al país que la actual Suprema Corte de Justicia está integrada conforme a lo que establece la Constitución y las leyes por una mayoría de jueces de carrera que provienen del tren judicial desde hace décadas.
De diecisiete jueces que componen nuestra Suprema Corte de Justicia sólo cuatro no provienen de la carrera judicial. El Dr. Mariano Germán, uno de los abogados más reconocidos del país en materia procesal civil, con una seriedad y honestidad a toda prueba. El Dr. Julio César Castaños, abogado eminente de gran prestigio y de honestidad reconocida por todos, que fuera presidente de la Junta Central Electoral. El magistrado Frank Soto, que fuera igual que el magistrado Alejandro Moscoso, honorables miembros del Ministerio Público, que se destacaron por su capacidad y honestidad frente a la sociedad dominicana al desempeñar sus delicadas funciones, hechos que al que más le consta es precisamente a Francisco Domínguez Brito.
Dije una y otra vez a mucha gente buena que se dejó engatusar por un supuesto discurso anticorrupción y moralista impulsado por Francisco Domínguez Brito, que detrás de todo ello había un vasto plan de barrer y pedir la renuncia de la Suprema Corte de Justicia y extender ese reclamo a las Altas Cortes del país, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, al cual no se le perdona haber tenido el valor y la entereza de emitir su histórico Fallo 168-13.
El afán politiquero de Domínguez Brito y de los sectores que están detrás de la urdimbre contra la Suprema y las Altas Cortes no se detuvo en pensar en el daño inmenso que sus acciones estaban causando al sistema judicial como tal y a la honra de los honorables miembros de la Suprema Corte de Justicia y del poder judicial.
Desde muy joven aprendimos en la universidad que el sistema judicial penal descansa en la armonía y el respeto entre jueces y fiscales. Que los casos se ganan y se pierden y que, cuando no se está de acuerdo con una decisión de un juez, el camino es la apelación. Usar la delicada función de Procurador para ser el motor impulsor de la subversión institucional del sistema judicial es algo de extrema gravedad.
Como bien dice el comunicado de Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, el poder judicial pudo haber pedido la renuncia del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, cuando miembros prominentes del Ministerio Público que gozaban de la confianza de éste, fueron descubiertos como cabecillas en uno de los escándalos más grandes que haya conocido el país relativo al narcotráfico, como es el denominado caso Dican.
Si la Suprema Corte de Justicia y el poder judicial se hubieran dedicado a hacer política y a impulsar una campaña de descrédito contra el Ministerio Público con este caso y otros no menos escandalosos que han involucrado a miembros de ese cuerpo, es casi seguro que la credibilidad de Domínguez Brito y de los fiscales en el país no valiera “una guayaba podrida”, como comúnmente se dice.
No lo hizo la Suprema ni lo hizo el poder judicial contra el Ministerio Público, como tampoco lo puede hacer el Ministerio Público contra la Suprema y el poder judicial.
La verdad, sin embargo, aflora y se abre paso. La presencia de Hipólito Mejía, acompañado de su edecán el coronel Pepe Goico, encabezando un piquete de unas cuatrocientas personas pidiendo la renuncia de los jueces de la Suprema y las Altas Cortes, confirma lo que yo modestamente había advertido. Se trata de un plan político, de gente desacreditada que no le interesa para nada una real lucha contra la corrupción y que, por el contrario, quiere usar ésta como bandera de lucha para manipular a un pueblo que ciertamente está frustrado con este grave mal social y con una gran sed de justicia.
Le toca al Presidente Medina parar en seco las actividades sediciosas de su Procurador General contra la Suprema y el poder judicial. No puede funcionar bien un sistema judicial cuando uno de sus pilares (Ministerio Público) es pública y abiertamente el eje que mueve los hilos del descrédito contra el otro pilar (jueces). Están llamados a interactuar en armonía. Y con Francisco Domínguez Brito, el aspirante presidencial, en la Procuraduría, eso jamás será posible.
Por Vinicio A. Castillo Semán ;-
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