lunes, 9 de marzo de 2015

Son 7 los funcionarios del gobierno de Venezuela sancionados x orden ejecutiva

HOJA INFORMATIVA: Venezuela Orden Ejecutiva
El presidente Obama emitió hoy una nueva Orden Ejecutiva (EO) se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos plantea la situación en Venezuela. Las sanciones específicas en el E.O. aplicar la Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela y la Ley de la Sociedad Civil de 2014, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y también ir más allá de los requisitos de esta legislación.
Estamos comprometidos con la promoción del respeto de los derechos humanos, la protección de las instituciones democráticas y la protección del sistema financiero de Estados Unidos a partir de los flujos financieros ilícitos de corrupción pública en Venezuela.
Esta nueva autoridad está dirigido a las personas involucradas o responsables de la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de los opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y los derechos humanos violaciónes y abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno, y la detención arbitraria y la detención de manifestantes antigubernamentales, así como la corrupción pública significativa por altos funcionarios del gobierno de Venezuela. El E.O. no se dirige a las personas o la economía de Venezuela.
Específicamente, el E.O. METAS las determinadas por el Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, que se ocupa de:
acciones o políticas que socavan los procesos e instituciones democráticas;
actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014;
acciones que prohíben, limitar o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión pacífica; o
corrupción pública por funcionarios de alto nivel en el Gobierno de Venezuela.
El E.O. También autoriza al Departamento de Hacienda, en consulta con el Departamento de Estado, a dirigirse a cualquier persona determinada:
para ser un líder actual o anterior de una entidad que tiene, o cuyos miembros han, que participan en las actividades descritas en el EO o de una entidad cuyos bienes e intereses en propiedad están bloqueados o congelados en virtud de la OE; o
al ser un funcionario o ex del Gobierno de Venezuela;
Las personas designadas o identificadas para la imposición de sanciones en virtud de esta OE, incluyendo las siete personas que se han enumerado hoy en el anexo de esta EO, tendrán su propiedad e intereses en propiedades en los Estados Unidos bloquearon o congelada, y personas estadounidenses están prohibidas de hacer negocios con ellos. El E.O. También suspende la entrada en los Estados Unidos de personas que cumplen los criterios de las sanciones económicas.
Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con los demás en la región para apoyar una mayor expresión política en Venezuela, y alentar al gobierno venezolano a la altura de su compromiso compartido, como se establece en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos pertinentes relacionados con la democracia y los derechos humanos.
El Presidente impuso sanciones a los siguientes siete personas que figuran en el anexo de la EO:
1. Antonio José Benavides Torres: Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la Región Central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) y el ex Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB utilizaron la fuerza contra los manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
2. Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Presidente del Centro Estratégico de Venezuela de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
González López es responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o de otra dirección, o que haya participado, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. Como Director General del SEBIN, que se asoció con la vigilancia de los líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel destacado en las acciones represivas contra la población civil durante las protestas en Venezuela. Además de causar numerosas lesiones, el personal del SEBIN han cometido cientos de entradas forzadas y detenciones extrajudiciales en Venezuela.
3. Justo José Noguera Pietri: El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad de propiedad estatal, y el ex Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB).
Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero de 2014. En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, incluida la violencia física grave, asalto sexual, y las armas de fuego.
4. Katherine Nayarith Haringhton Padron: fiscal a nivel nacional de la Oficina del Ministerio Público de Venezuela Distrito 20a.
Haringhton Padrón, en su calidad de fiscal, ha acusado a varios miembros de la oposición, entre ellos el ex legislador de la Asamblea Nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, el alcalde de Caracas Antonio Ledezma Díaz, por el delito de conspiración en relación con presuntos planes de asesinato / golpistas basa en poco plausible - y en algunos casos fabricados - información. La evidencia utilizada en apoyo de los cargos contra Machado y otros era, al menos en parte, sobre la base de correos electrónicos fraudulentos.
5. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana, una entidad cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en las protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014 . Por ejemplo, los miembros de la Policía Nacional hizo uso de fuerza física severa contra los manifestantes pacíficos y periodistas en varias ciudades de Venezuela, incluyendo a disparar munición real.
6. Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31 Brigada Blindada del Ejército de Caracas Bolivariana de Venezuela y ex Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN).
Bernal Martínez era el jefe del SEBIN el 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas contra los manifestantes matando a dos personas cerca de la oficina del Procurador General.
7. Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de las Fuerzas Bolivarianas de Venezuela Armada Nacional (FANB) y el ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de la región de los Andes de bolivarianos Fuerza Armada Nacional de Venezuela.
 Vivas Landino es responsable o cómplice de, o responsables de ordenar, controlar, o de otra dirección, o que haya participado, directa o indirectamente, actos significativos de violencia o conducta que constituye un grave abuso o violación de los derechos humanos, en particular contra las personas implicadas en protestas antigubernamentales en Venezuela en o desde febrero 2014.