El pasado miércoles el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU
con sede en Ginebra emitió una declaración que viene a confirmar
oficialmente la trama contra la existencia de la República Dominicana.
La ONU nos insta a borrar y desconocer todo nuestro ordenamiento
jurídico-constitucional con respecto a nuestra identidad nacional y el
modo de adquisición de la ciudadanía dominicana estipulado por nuestra
carta magna.
La ONU insiste en llamar al gobierno a desacatar la
decisión 168-13 del Tribunal Constitucional y la vigencia de la
Constitución de la República, pidiéndole que asegure la nacionalidad
dominicana a todos los hijos de haitianos nacidos en el República
Dominicana.
La ONU, igual que lo hizo la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos, pretende cercenarle a la República Dominicana el
derecho soberano a restringir constitucionalmente el jus solis, como lo
hacen el 70% de los países en todo el mundo. Quieren decirnos que todos
los niños que nacen hijos de ciudadanos haitianos ilegales en la
República Dominicana, incluyendo a los que generosamente les permitimos
ver al mundo por primera vez en nuestras maternidades, son ciudadanos
dominicanos.
Es la misma ONU que mientras trata de desconocer
nuestra soberanía interna en materia de nacionalidad, mantiene ocupado
militarmente a Haití a través de la Minustah y nada hace por impedir la
gigantesca invasión de ciudadanos haitianos hacia nuestro territorio
que, al juzgar por las estadísticas oficiales del Ejército Nacional, de
que sólo en enero detuvieron 26,000 ciudadanos haitianos tratando de
penetrar a suelo dominicano.
La exigencia de la ONU, al igual que
la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
derrumba las acusaciones que hemos recibido de que estamos “fabulando”,
cuando responsablemente hemos denunciado el plan de las potencias de
fusionar República Dominicana y Haití.
Mientras la ONU quiere
nacionalidad dominicana para todos los niños hijos de haitianos nacidos
aquí, la Unión Europea ofrece ayuda económica al gobierno dominicano
para construir grandes maternidades en la zona fronteriza, del lado
dominicano, para así acelerar el proceso de haitianizar el país a través
de la falsificación masiva y generalizada de supuestos nuevos
ciudadanos dominicanos.
Confieso que, tal y como ocurrió cuando
llegué a la Cámara de Diputados y empecé a hablar de la invasión
haitiana y de la necesidad de construir un muro, algunos amigos de muy
buena fe creyeron que estábamos exagerando la magnitud del problema y
fomentando una alerta sobre un peligro imaginario.
Pasados seis
meses de aquel momento, esos amigos, igual que el país, han visto que no
exagerábamos y que el problema es tan grave que está por encima de
nuestra sana y premonitoria alerta.
La declaración de la ONU,
igual que con lo ocurrido con nuestra advertencia de invasión, viene a
probar inequívocamente cuál es el designio de la Comunidad
Internacional, sabedores de que no habido, hasta ahora, desde el
gobierno ni desde la Cancillería dominicana, el temple y la firmeza
necesaria para responderle rechazando enérgicamente tal atrevimiento.
Es
una vergüenza que a cinco días de producirse la insolente nota de la
ONU pidiendo barrer contra nuestro orden constitucional e instando a
desconocer a nuestro Tribunal Constitucional, no haya habido ninguna
respuesta. Es esa no respuesta oficial la que paradójicamente alimenta
la idea de las potencias y la Comunidad Internacional de que el camino
de las presiones internacionales sobre el gobierno dominicano prospere,
como han prosperado traduciendo la inexplicable parálisis gubernamental
frente a este tema crucial de la República.
A mi amigo el
Presidente Danilo Medina le reitero en ocasión de la confirmación de la
trama contra República Dominicana que constituye esta declaración de la
ONU, que su pueblo que le quiere y le respeta anhela ver al Presidente
de La Habana.
El 27 de Febrero, fecha histórica y gloriosa de la
República en la que al Presidente le toca rendir cuentas en el Congreso
Nacional, sería una excelente oportunidad para que la República sea
defendida de esta nueva e inmerecida humillación a que ha sido sometida
por la insolente nota de la Comité de los Derechos de los Niños de la
ONU.
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