AI INSTÓ HOY A LAS AUTORIDADES DOMINICANAS A ASUMIR "URGENTEMENTE" SUS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Santo Domingo;-Amnistía Internacional (AI) instó hoy a las autoridades dominicanas a
asumir "urgentemente" sus responsabilidades en materia de derechos
humanos y presentar un proyecto de ley que resuelva la situación de los
hijos de inmigrantes indocumentados, a los que se les niega la
nacionalidad.
AI dijo que el último aplazamiento del diálogo entre los gobiernos
haitiano y dominicano, en el que se trata el asunto migratorio tras la
sentencia del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a los
hijos de indocumentados y que afecta especialmente a los haitianos,
"demuestra la falta de disposición de las autoridades dominicanas a
asumir sus responsabilidades en materia de derechos humanos respecto a
la comunidad afectada".
La sentencia emitida en septiembre pasado por el tribunal dominicano,
"fue la última decisión, y la más dramática, de una larga historia de
discriminación contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Se cree que miles de personas han perdido su nacionalidad dominicana y
se han convertido en apátridas", según AI. El asesor especial de AI,
Javier Zúñiga, dijo que "tras la sentencia, las autoridades dominicanas,
incluido el presidente Danilo Medina, mostraron una actitud alentadora
al manifestar su disposición a encontrar una solución adecuada que
respetara los derechos humanos de las miles de personas afectadas".
Sin embargo, "esa promesa se está desvaneciendo rápidamente, y las
personas dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran atrapadas en
una situación en la que se ven comprometidos sus derechos fundamentales,
entre ellos, los derechos a una identidad y a una nacionalidad",
subrayó.
Zúñiga recordó que los gobiernos haitiano y dominicano acordaron
celebrar una reunión de máximo nivel para encontrar una solución
adecuada, después de que en enero y febrero de 2014 se llevaran a cabo
dos rondas de diálogos bilaterales con la participación del Gobierno de
Venezuela, la Unión Europea y CARICOM.
El tercer diálogo estaba inicialmente previsto para el 12 de marzo, pero
se ha aplazado en cinco ocasiones, la última, ayer en Puerto Príncipe.
Aunque la tercera ronda fue aplazada sin fecha, se celebró una reunión
de los ministros de Salud y Comercio de ambos países, en la capital
haitiana, y una de los ministros de Turismo e Interior, en Santo
Domingo.
"El motivo de este último aplazamiento parece ser el retraso del
Gobierno en presentar al Congreso dominicano un anteproyecto de ley para
resolver la crisis de derechos humanos creada por la sentencia del
Tribunal Constitucional", consideró el asesor de AI.
El Gobierno dominicano, agregó Zúñiga, "ha prometido reiteradamente
introducir ese anteproyecto de ley desde principios de año, pero en
estos momentos parece que no existe una voluntad política de hacerlo".
Mientras tanto, "las personas dominicanas de ascendencia haitiana que se
han visto privadas de su nacionalidad dominicana siguen viendo violado
su derecho a acceder a servicios sociales, incluidos servicios de
educación y salud, y ven cómo se les niegan también derechos humanos
fundamentales como el derecho a viajar, a contraer matrimonio, a formar
una familia y a trabajar", insistió.
Zúñiga opinó que "la situación es dramática y necesita una solución
urgente" por lo que instó a las autoridades dominicanas a "actuar sin
demora y seguir las recomendaciones formuladas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos", que ha pedido al país que devuelva
la nacionalidad a quienes se han visto privados de ella por la sentencia
"sin exigirles que se registren como extranjeros como requisito previo
para que se reconozcan sus derechos".
De acuerdo con el asesor especial de AI, "a las personas dominicanas de
ascendencia haitiana se les está negando el acceso a sus documentos de
identidad no sólo desde septiembre de 2013, sino desde hace ya más de
una década, y su vida se encuentra en un limbo total".
"Resulta preocupante que, cada vez que se plantea la situación creada
por la sentencia del Tribunal Constitucional, las autoridades
dominicanas se refieran a ella como una cuestión de inmigración, no como
una cuestión de nacionalidad", argumentó.
Las personas afectadas "no son inmigrantes que hayan llegado a la
República Dominicana. Nacieron en el país y, en el momento de su
nacimiento, tuvieron derecho a la nacionalidad dominicana", concluyó.
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