PRESIDENTE JCE RECHAZA ACTITUDES INJERENCISTAS
Santo Domingo;-El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario,
consideró que el Estado dominicano no debe asistir a la Audiencia
Temática ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
que se inicia el próximo lunes, debido a que el organismo sesionó
recientemente en el país e hizo un levantamiento con una posición
contaminada sobre el plan del Gobierno para regular a los extranjeros
residentes irregulares en República Dominicana.
“Desde nuestro
punto de vista, se está montando un nuevo escenario de presión,
respondiendo a grupos de interés”, manifestó Rosario, en carta remitida
ayer al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, y a
seguidas le expresó que por demás es impropio que los solicitantes o la
propia comisión se abroguen el derecho de escoger a los funcionarios que
pueden representar al país, “ya que es una atribución exclusiva de la
Cancillería de la República, determinar quién representa al Estado
dominicano.
Injerencias
“No podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que una o varias entidades internacionales presionen a nuestro país, con actitudes injerencistas violentando las normas diplomáticas y que ponen en vilo nuestra soberanía nacional. Es un deber de nosotros y del Estado dominicano, preservar los mandatos y normas que dictan nuestra Constitución de la República, como país libre y soberano de permitir la permanencia de cualquier ciudadano y ciudadana extranjera, siempre y cuando esté debidamente registrada su estancia en nuestro país”, sostuvo el funcionario.
“No podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que una o varias entidades internacionales presionen a nuestro país, con actitudes injerencistas violentando las normas diplomáticas y que ponen en vilo nuestra soberanía nacional. Es un deber de nosotros y del Estado dominicano, preservar los mandatos y normas que dictan nuestra Constitución de la República, como país libre y soberano de permitir la permanencia de cualquier ciudadano y ciudadana extranjera, siempre y cuando esté debidamente registrada su estancia en nuestro país”, sostuvo el funcionario.
Con estas declaraciones, la
JCE dio respuesta al oficio número 4513, del 28 de febrero pasado,
enviado por el canciller Morales Troncoso, solicitando la designación de
un funcionario del órgano electoral dominicano para asistir a la
Audiencia Temática ante la CIDH, que será efectuada por el organismo
internacional.
“Somos de opinión que la asistencia del Estado a
dicha sesión no aportaría absolutamente nada, ya que la referida
comisión sesionó recientemente en el país e hizo un levantamiento, y en
el curso de su estadía fijó posición”, precisó el presidente de la JCE.
LA SENTENCIA Y LOS MOTIVOS DE LA PUGNA
Anoche la Cancillería designó a Rhadys Abreu, embajadora encargada del departamento de Derechos Humanos de la institución, para representar al país ante la audiencia temática de la CIDH. Recientemente una misión de ese organismo, que investiga en el país los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, consideró que el dictamen es discriminatorio y viola los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. El informe preliminar leído por el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, observó que la sentencia afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación en particular con base en la raza y la pobreza.
LA SENTENCIA Y LOS MOTIVOS DE LA PUGNA
Anoche la Cancillería designó a Rhadys Abreu, embajadora encargada del departamento de Derechos Humanos de la institución, para representar al país ante la audiencia temática de la CIDH. Recientemente una misión de ese organismo, que investiga en el país los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, consideró que el dictamen es discriminatorio y viola los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. El informe preliminar leído por el presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco, observó que la sentencia afecta desproporcionadamente a personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación en particular con base en la raza y la pobreza.
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