La hora del nacionalismo

EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Carta abierta al ciudadano presidente Danilo Medina

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Sr. Presidente:

Forzados por la rapidez con que evoluciona la tensa y peligrosa crisis internacional atentatoria a la soberanía del Estado dominicano y a la paz social, esta carta ha sido modificada varias veces actualizándola para que no perdiera su propósito esencial de contribuir a la defensa de los mejores intereses de la República.

La tecnología nos brindó la oportunidad de asistir a la Sesión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde se hicieron acusaciones diversas contra el país, a partir de la Sentencia No. TC/0168/13 dictada por su Tribunal Constitucional, reveladora experiencia que nos dio la visión más completa de la conjura y las amenazas que se ciernen sobre los dominicanos; y con ella la necesidad de su más reciente modificación.

La OEA, que ya ha conspirado antes contra la soberanía de la República Dominicana, dio una nueva demostración del porqué ese organismo dejó de ser tribuna de la democracia y la libertad en América.

La sesión de su Asamblea fue una encerrona concertada contra el país, acatando la conjura que se hizo evidente en su desarrollo al acoger e introducir en tiempo récord en su Agenda –conocida el Martes pasado 29 de Octubre– la acusación presentada contra el país por la representante de San Vicente y Las Granadinas, a instancias de la Cancillería de Haití, y a nombre de un supuesto perjuicio a miembros del CARICOM a causa de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, regulando la migración y la nacionalidad o ciudadanía dominicanas, la cual afecta primordialmente a los inmigrantes haitianos y su descendencia en el país.

El Gobierno de San Vicente y las Granadinas, que encabezó los ataques de los miembros del CARICOM contra el país en la OEA, incurrió en violar la más elemental norma protocolar internacional, al leer su Representante en la sesión, la carta que previamente había enviado su Primer Ministro al Presidente de la República Dominicana, país con el cual no ha intercambiado representantes diplomáticos; escrita con un lenguaje ofensivo y descompuesto con el cual ofendía gratuitamente al Gobierno dominicano al acusarle de violar normas internacionales; mientras incurría precisamente en ello. Ese mensaje se permitió indebidamente que fuera leído en la sesión de la Asamblea de la OEA por la representante de San Vicente y Las Granadinas, como una desconsideración a la Delegación Especial del Gobierno dominicano que estaba presente.

No es ocioso señalar que la Asamblea de la OEA es una tribuna desacreditada ante el pueblo dominicano, porque –siempre obediente a los dictados de los gobiernos de turno en los EEUU– creó en 1965 la Fuerza Interamericana de Paz, encabezada por un contingente de tropas norteamericanas a cargo del Gral.

Bruce Palmer, con la cual vino a aplastar el Movimiento Constitucionalista que –paradoja de la geopolítica– buscaba precisamente restaurar en el país la democracia y la libertad, con el régimen que se había dado libremente en diciembre de 1962 al cabo de la dictadura de 31 años que instaló la ocupación norteamericana de 1916-1924; y depuesto en 1963 con un golpe militar dirigido por las corporaciones de la Plutocracia Mundial.

Esta inmigración desde Haití se originó desde la intervención y ocupación militar de la isla por EE.UU. de 1915-1934, con la cíclica contratación de braceros de la industria azucarera, entonces totalmente de capital norteamericano –considerados ‘en tránsito’– para realizar el esclavizado trabajo del corte y recogida de la caña de azúcar, desplazando la mano de obra dominicana y la que provenía del Caribe británico (los cocolos de S.P de Macorís) y otras islas del Caribe; lo que explica su extraordinaria solidaridad contra el país, en la sesión de la Asamblea de la OEA.

Esta industria, responsable de este flujo permanente de braceros, debió ser requerida hace tiempo de su perentoria modernización, con la mecanización del corte y recogida de la caña de azúcar. Esa mano de obra contratada, hace hoy presencia consentida en una extensa gama de actividades ejercidas en abierta violación del Código de Trabajo –inobservado e inoperante– en perjuicio del mercado de trabajo de los dominicanos, básicamente la construcción.

La magnitud de la reacción de organismos internacionales a la Sentencia del T.C. reveló la existencia de una grave conjura que se incubaba como un tumor maligno contra el país, y evidenció que esa inmigración de ciudadanos haitianos indocumentados –a través de una frontera deliberadamente desguarnecida a partir de 1961– no era solo una respuesta a la demanda de mano de obra de la industria azucarera a un Haití postrado por su crisis permanente. Obviamente la inmigración haitiana ocultaba un designio geopolítico de insospechado alcance, que se evidenció con las intervenciones en la Asamblea de la OEA.

Los turnos de los delegados del CARICOM y de EEUU en la Asamblea, tuvieron en común atacar la Sentencia del T.C. atribuyéndole una motivación racista a sus restricciones a la nacionalidad dominicana. La concertación fue tan notoria que evidenció que el Estado dominicano está bajo la agresión de un proyecto de ‘Fusión de Facto’ con Haití.

En este propósito concurren dos voluntades con un mismo objetivo. Haití –cuyo liderazgo político, social y económico sustenta su ideología en el trasfondo histórico de 22 años de dominación sobre el este de la isla– aporta a la conjura como contexto justificativo, sus precarios recursos para sus masas sobrevivir sus necesidades. La Plutocracia Mundial, en pos de la riqueza de oro y plata de la isla; aporta la influencia económica de sus corporaciones; y la gran influencia política internacional de líderes que se dieron cita a ambos lados de la frontera.

Para desmontar los alegatos de racismo a la defensa que el país hace de su frontera y territorio ante la penetración masiva del pueblo haitiano, basta recurrir a la información étnica sobre ambos países de la ‘CIA World Fact Book’ en el Internet. La haitiana es 95% negra, 5% blanca y mulata; y la dominicana es 73% mulata, 16% blanca y 11% negra. Aunque es obvio que son datos previos al terremoto que azotó a Haití en enero de 2010; sirven para demostrar que un país que ha mezclado étnicamente blancos y negros hasta un 73% de su población, no puede sustentar el prejuicio racial. Por el contrario, Haití con su composición étnica, muestra que ese 5% mulato y blanco controla la vida política y económica en perjuicio del 95% de una mayoría negra y pobre de su población, que emigra a todas partes y preferiblemente a territorio dominicano.

Toda nación tiene, ante una agresión externa e intencional, el elemental Derecho a la Defensa, la cual se intenta negar al Estado dominicano en su conflicto con Haití, al cambiar su naturaleza en su esencia migratoria, que desconoce su soberanía territorial; a un alegado atropello a los derechos humanos de los inmigrantes que la Sentencia del T.C. hace objeto de restricción en cuanto a su reclamo a una nacionalidad, en este caso dominicana, ignorando ex profeso la que su Constitución le otorga. Estos reclamos parecerían legítimos y de buena fe sobre principios pactados para la convivencia civilizada de las naciones, suscritos por el Estado dominicano; pero son un ejercicio hábil e intencionado de desinformación, arma efectiva del ‘Arte de la Guerra’.

La migración masiva e ilegal de haitianos indocumentados llegados por décadas a suelo dominicano impulsados por la necesidad de escapar de la miseria y el hambre de la exacción históricamente sufrida por Haití en pos de oportunidades de trabajo sin tener ofertas; se plantea como una acción espontánea de supervivencia, y un problema de humanidad, al ser la misma causa que lleva a los dominicanos a emigrar buscando mejor vida. Pero, desde la soberanía migratoria del país, su arribo sigue siendo un delito sustentado en la injusta imposición de que la necesidad de los haitianos sobrevivir la tragedia de Haití, obliga al país a doblegar su Estado de Derecho, que preserva su integridad territorial y condición de Estado libre soberano e independiente.

En cambio, si el traslado masivo de la población haitiana a territorio dominicano es resultado de un plan deliberado y premeditado, guiado por una visión estratégica a largo plazo, compartida entre el Estado haitiano y la Plutocracia Mundial, cual es el proyecto de ‘Fusión de Facto’, en el cual el primero, con su inmigración dotada de nacionalidad dominicana que le permite elegir y ser elegida, sirva a los objetivos del segundo de borrar la frontera que obstaculiza sus operaciones mineras; ello requiere al Estado dominicano ejercer sin vacilar su derecho a la defensa; porque tipifica una política atentatoria contra su personalidad e integridad; y se convierte en una agresión de parte del Estado haitiano, prevista en el Art. 18 de la Carta de la OEA.

Los ataques contra el país en el ámbito
local e internacional tuvieron mayor rigor
a partir de la Sentencia No. TC/0168/13
dictada por su Tribunal Constitucional.

Que ese flujo de inmigrantes ilegales del 95% negro y pobre de Haití, carezca deliberadamente de documentos de identidad, y cada intento de su repatriación se acompañe de declaraciones de autoridades haitianas y organismos internacionales protestándolo, confirma su intención deliberada como un acto de injerencia en los asuntos internos del Estado dominicano; que tiene como único recurso para ubicar e identificar a los transgresores migratorios, su etnia e idioma, sobre todo con los recién llegados. Se explica así que los esfuerzos de las autoridades migratorias dominicanas en restringir y devolver a los haitianos ingresados al país ilegalmente, usando su color y habla, sustente la campaña interna e internacional que acusa al país de racismo.

Con efecto, el conflicto entre ambos países que en 1937 determinó la intervención y mediación de la Unión Panamericana por las brutales medidas coercitivas ejercidas por Trujillo contra la ilegal inmigración haitiana negada a retirarse del territorio nacional, que se consideró como un conflicto migratorio originado en un delito de infracción fronteriza en perjuicio del Estado dominicano; es exactamente el mismo delito que ha determinado la denuncia del país ante la OEA y mantiene la prensa llena de protestas de nacionales y extranjeros a la Sentencia del T.C., convirtiendo ahora a sus infractores en víctimas del Estado dominicano por atentar contra un principio el cual suscribió al adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos, consagrado a toda persona; el derecho a una nacionalidad.

La crisis internacional provocada por los agentes de la ‘Fusión de Facto’ que culminó en la Asamblea de la OEA, permitió definir sus respectivos aportes a la conjura contra el país. Haití contribuyó la solidaridad étnica del Caribe negro, tal como se manifestó en sus intervenciones, contra un país de raíz hispánica que acusó de racista, no obstante tener su población mezclada étnicamente en un 73%. La Plutocracia Mundial contribuyó la parcializada intervención de la representante de EEUU en la OEA; precedida de los anuales y tendenciosos informes de su Dpto. de Estado, acusando al país de racista por restringir su nacionalidad a la migración haitiana; complementada con la indebida e inaceptable injerencia de sus legisladores y la influencia de altos líderes políticos de EEUU, presentes a ambos lados de la frontera dominico-haitiana.

La ardiente e interesada defensa de esos derechos humanos, supuestamente vulnerados, provenientes de potencias grandemente responsables de la tragedia haitiana, se ha trocado en una virulenta campaña de agresión contra el Estado dominicano y su mal defendida soberanía, que viene a culminar la permanente agresión que por años ha sufrido el país, proveniente sistemáticamente de los anuales informes del Dpto. de Estado de EEUU; de entidades supuestamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, y de parte de las entidades de Derechos Humanos dependientes de la OEA, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La agresión al país, colofón de un proceso de tolerancia excesiva de sucesivos gobiernos a esa masiva inmigración, masificada a partir del terremoto de enero de 2010, no hubiera alcanzado su magnitud, si no fuera apoyada además de las presiones internacionales interesadas; por gobiernos entregados a la voluntad e intereses foráneos, cuyas políticas abrieron la frontera propiciando la entrada del cólera al país. Tampoco ha estado exenta de ilegales manejos partidarios con fines electorales; confirmados en el deliberado ocultamiento de su real magnitud por el defectuoso Censo Nacional que no la cuantificó, y dejó a subvaluados estimados de una encuesta particular e interesada. En estas culpas ningún partido político puede tirar la primera piedra.

La crisis, se enfoca aparentemente en el tema de la nacionalidad o ciudadanía y su supuesto despojo por la Sentencia del T.C. a miles de ciudadanos. En realidad ésta cuestiona la soberanía migratoria de la República, escasamente ejercida en una frontera desguarnecida. Su insospechada dimensión se revela en la forma concertada y virulenta en que se han manifestado quienes a nombre de los Derechos Humanos cuestionan la Sentencia.

El cuestionamiento proviene internacionalmente de Cancillerías, Organismos Internacionales y entidades privadas; e internamente ONGs locales; entidades religiosas pro-haitianas; e incluso los propios inmigrantes, a quienes se permitió organizarse ilegalmente para protestar las decisiones soberanas del país. Ahora hacen presencia diecinueve congresistas de EEUU con una carta; y el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, quien llegó al Palacio Nacional del brazo de un pro-haitiano. Todos son piezas claves del proyecto de ‘fusión de facto’ o ‘Isla Única e Indivisible’, que elimina la frontera, respaldado por la Plutocracia Mundial en su interés de controlar la riqueza mineral de oro y plata de la isla, sobre la cual todavía hoy surge noticia en suelo dominicano.

Esta riqueza ha sido inventariada por misiones que dejaron testimonio en los archivos dominicanos y de las grandes potencias, que se iniciaron a partir del obstaculizado esfuerzo Trinitario de 1844 de implantar su proyecto de Nación Libre, Soberana e Independiente, a raíz de liberarse de 22 años de dominación haitiana. El más significativo es ‘Diario de una Misión Secreta a Santo Domingo’, de 1846 de David Dixon Porter, ordenada por el presidente Polk de EEUU. El hecho de que varias minas de oro en suelo dominicano –de incrementado valor actual– tienen solución de continuidad al través de la frontera hacia Haití, puso en la agenda de despojo y apoderamiento de la Plutocracia Mundial respaldar y forzar la ‘Fusión de Facto’ para facilitar las operaciones de sus Corporaciones.
FIRMANTES DE LA CARTA AL PRESIDENTE MEDINA
Co-redactores del documento: Leopoldo Espaillat Nanita, Luis
Ventura Sánchez, José L. Montero S.J., Manuel Núñez Asencio, Trajano
Vidal Potentini, Daniel S. Bodden, Virgilio Malagón Álvarez, Luis Ml.
Guzmán, Mario Bonetti, Luis Ml. Cedeño Despradel, Hugo C. Quezada,
Armando Armenteros E.

Firmas voluntarias en respaldo: Miguel Hernández, Rafael Reyes
Jerez, Ralph Calcaño, Rafael Guzmán Bayoan Pou, Olga Abreu,
Rafael Guzmán, José Antonio Liriano, Carlos A. Lantigua R.