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| Namphi Rodríguez y otros abogados mientras sustentan la acción de amparo contra Indotel y las empresas telefónicas. |
SENTENCIA
TRIBUNAL ORDENA HACER UNA REVISIÓN EN 30 DÍAS DE ESOS DOCUMENTOS
Santo Domingo;-La Segunda Sala del Tribunal Superior
Administrativo (TSA) ordenó al Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (Indotel) proceder a hacer una revisión en 30 días de
los contratos de las empresas telefónicas para suprimir las cláusulas
que resulten abusivas de los derechos de los ciudadanos y los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones.
El tribunal acogió así una
acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la Fundación Prensa y
Derecho y condenó al Indotel al pago de una astreinte diaria en caso de
incumplir la sentencia.
Mediante sentencia 447- 2013, el tribunal
instruyó, asimismo, al órgano regula- dor de las telecomunicaciones a
remitir los denominados contratos de adhesión al Instituto de Protección
de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), para que también
realice la revisión correspondiente.
Una de las cláusulas más gravosas obliga a los clientes a permanecer 18 meses atados a un servicio de telecomunicaciones”.
“Se
condena al Indotel al pago de una astreinte de mil pesos diarios por
cada día retardado en el cumplimiento de lo ordenado”, expresa la
sentencia firmada el pasado 22 de noviembre por los magistrados Rafael
Ciprián, Mildred Hernández Grullón y Evelyn Torres, de la Segunda Sala
del TSA.
La acción de amparo de cumplimiento fue interpuesta por
el abogado Namphi Rodríguez en representación de la Fundación Prensa y
Derecho el pasado tres de octubre, para que el Indotel regule los
contratos de adhesión de las empresas telefónicas y elimine las
cláusulas abusivas en los contratos de las empresas prestadoras de
servicios de telecomunicaciones.
El fallo recae también sobre
Orange Dominicana, Claro- Codetel, Wind Telecom, Viva y Tricom, las
cuales fueron representadas por los abogados Olivo Rodríguez Huertas y
Flavio Dario Espinal. La defensa de Indotel estuvo encabezada por Juan
Antonio Delgado.
Namphi Rodríguez, Belén Féliz, Román Jáquez y
Jovany Matos, en representación de Prensa y Derecho, argumentaron que la
regulación es un instrumento de intervención del Estado en los
servicios públicos de telecomunicaciones que debe atender los derechos
de los usuarios o ciudadanos. Revelaron que luego de un estudio de la
Fundación Prensa y Derecho se detectaron alrededor de 30 cláusulas
abusivas que afectan los derechos de los ciudadanos al momento de
contratar servicios con una empresa telefónica.
Asimismo, probaron
ante el tribunal que dentro de esas cláusulas abusivas se encuentran
disposiciones que implican renuncia o restricciones de los derechos de
los usuarios en beneficio de las empresas telefónicas.
Citaron
dentro de las cláusulas más gravosas aquella que obliga a los clientes a
permanecer 18 meses atados a un servicio de telecomunicaciones o, de lo
contrario, pagar altas sumas económicas por penalidades.
Explicaron
que la existencia de esas estipulaciones constituye una seria violación
de los artículos 53 de la Constitución, del 2 de la Ley 358-05, General
de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, así como de la
propia Ley 153-98 de Telecomunicaciones.
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