Santo Domingo, RD;- Tras la propuesta de la
Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), de que una posible ley
de amnistía es el mecanismo más eficaz y rápido para dotar de documentos
a un número indeterminado de personas que quedan sin documentos a
partir del fallo del Tribunal Constitucional (TC), diversos sectores se
han pronunciado en contra de la misma por considerar que es
inconstitucional.
El presidente de la Comisión Permanente de
Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, sostuvo que no
es posible una amnistía porque la misma no está consagrada en la
Constitución, lo que la hace inconstitucional.
Mientras que el jurista Julio Cury consideró que
aquellos que han criticado el principio de retroactividad con la
propuesta están abonando al “caos urgente” de leyes que retroactúen y
desconozcan derechos ya adquiridos en virtud de leyes anteriores.
“Si la Constitución actual ni ninguna de sus
revisiones anteriores le reconocía a los hijos de residentes ilegales el
derecho a la nacionalidad, no puede una ley vigente aprobada por el
Congreso, retractarse y otorgarle la nacionalidad dominicana a todos los
hijos de residentes ilegales”, explicó Cury.
Castillo Semán dice sería desconocimiento del Congreso al TC
Sobre el tema el doctor Vinicio Castillo Semán
dijo en El Gobierno de la Mañana, de la Z101, que declarar una amnistía
general para darle la nacionalidad a los hijos de ilegales nacidos en el
país sería un desconocimiento del Congreso a la sentencia emitida por
el TC.
"Es una pena que la Fundación Institucionalidad y
Justicia (Finjus), que aboga por el respeto a las instituciones del
país, promueva una iniciativa contraria a lo que decidió el TC",
expresó.
Justicia y Transparencia
Asimismo el presidente de la Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), Trajano Portentini, rechazó la posibilidad de una
ley de amnistía para resolver el problema de las personas que quedan con
documentos cuestionados al tenor de las disposiciones del TC, toda vez
que una ley de amnistía por sus efectos y características operaría de
manera general, al margen incluso de la propia legalidad o legitimidad,
deviniendo así en violatoria a la constitución y a la propia sentencia
del Tribunal.
Portentini plantea como “salida salomónica” la
modificación de la ley sobre naturalización para dotar en el menor
tiempo posible a aquellas personas que se encuentren en problemas con su
documentación.
Otros diputados
Varios diputados consultados sobre el tema
coincidieron en que la decisión del TC, amerita buscar un atenuante para
los casos de los 22,673 dominicanos de ascendencia haitiana que
denuncian fueron excluidos del Registro Civil.
El legislador Henry Merán, diputado del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) por San Juan, consideró peligrosa una
ley de amnistía porque habría que “amnistiar” a todos los indocumentados
y eso no es lo que ha dispuesto la sentencia del TC.
“Creo que lo que se establece y se desprende de la
sentencia del Tribunal Constitucional no es aprobar en el Congreso de
la República una Amnistía. Lo correcto es hacer un levantamiento, una
auditoría de cada uno de los casos y de ahí acogerse a lo que establece
la ley 285 de Migración”.
Al respecto, la oficialista Minou Tavárez Mirabal,
presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados, expresó que habrá que pensar seriamente si una ley de
amnistía o desnaturalización afectaría la Constitución.
“Habría que hacer una consulta más exhaustiva,
pero lo que sí está claro para mi esa decisión del Tribunal
Constitucional obliga a todos los poderes del Estado a ponerse en la
misma dirección de buscarle una solución al problema”, dijo Tavárez.
Consideró además que no se puede dejar a miles y
miles de personas sin documentación, sin derechos que fueron adquiridos,
en muchos casos de personas que vinieron aquí traídas por el propio
Estado Dominicano.
En tanto que Hugo Núñez del PRD por La Vega,
considera que la propuesta la ha traído la posición del presidente
Danilo Medina de que hará consultas al respecto y ahora se habla de
amnistía con la que no está de acuerdo.
De su lado, el diputado Carlos Gabriel García, del
PRD por Santo Domingo Este, entiende que a partir de la sentencia que
no se puede atacar desde el punto de vista jurídico, hay que buscarle
una salida humana porque no se le debe dar la espalda a esos miles de
haitianos que tiene una larga trayectoria en República Dominicana.
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