Con el advenimiento del primer gobierno del PLD comenzó a gravitar
el nombre de Félix Bautista en la Justicia dominicana por alegados casos
de corrupción.Diecisiete años han pasado y el sonido de su nombre
encuentra eco, hasta hoy, entre las paredes de los distintos tribunales,
incluidos los de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). A Bautista siempre
se le vincula al expresidente Leonel Fernández por su estrecha relación
de amistad y gubernamental, a tal punto de que muchos lo definen como
“el hijo mimado” del exmandatario.
Durante los tres gobiernos de
Fernández (1996-2000; 2004-2008 y 2008-2012), Bautista desempeñó
importantes cargos en la administración pública y todas sus gestiones
han estado sometidas a cuestionamientos por alegados manejos irregulares
de las finanzas públicas.
Su estreno en los escándalos públicos
fue durante el primer período del gobierno de Fernández, en el período
1996-2000, en el que se inició como subdirector de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y seis meses después fue
designado director de la misma entidad, pero con el nombre de Oficina
Coordinadora de Obras del Estado.
El camino de la Justicia
A
partir del año 2000, cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
asumió el poder, se inició un proceso judicial en contra de Bautista por
la supuesta sobrevaluación de más de 50 millones de pesos en la
construcción de la carretera San Juan-Vallejuelo.
Por esa causa
el exfuncionario estuvo preso en la cárcel de Najayo, desde el 20 de
noviembre del 2000 hasta el 23 de abril de 2001 por decisión de la jueza
de la Séptima Cámara Penal de entonces, Esther Agelán Casasnovas, la
misma que, ahora desde la Suprema Corte de Justicia, conoce la
reapertura de los casos sobre corrupción a iniciativa del procurador
General, Francisco Domínguez Brito.
Entre los casos están el
aumento ilegal del costo de obras contratadas desde el año 2005 hasta el
2008; la alegada sobrevaluación de la reparación del Palacio de Bellas
Artes y la construcción de un parqueo soterrado y por contratar obras
por montos superiores a los establecidos en el Presupuesto. Las obras
estaban presupuestadas en RD$700 millones y terminaron con un gasto de
RD$1,500 millones, según el PRD.
El caso Sun Land
En
el 2007 se destapó el escándalo del convenio por 130 millones de
dólares que, supuestamente, serían utilizados para construir edificios
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el suministro de
materiales mediante un crédito otorgado por la Sun Land Corporation,
logrado con un poder del presidente de entonces, Leonel Fernández sin
tener el aval del Congreso Nacional.
El convenio comprendía la
construcción de once obras y se redujo solo a cinco sin variar el monto
original del préstamo que se honraría mediante 19 pagarés de poco más de
600 mil dólares cada uno. Al surgir el escándalo, el presidente
Fernández rescindió el contrato el 7 de diciembre de 2007, el cual
había sido firmado el 15 de mayo de 2006.
El PRD y el Foro
Social Alternativo elevaron un recurso de inconstitucionalidad y
sometieron a Bautista por violación al artículo 37 de la Constitución,
pero el 19 de diciembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia rechazó el
recurso.
Vinculan a Bautista con casos de corrupción
El Partido Revolucionario Dominicano vincula al actual senador por la
provincia San Juan con por lo menos 17 casos de corrupción, al igual
que entidades como Convergencia Nacional de Abogados (Cona) y la
Asociación Dominicana contra la Corrupción (Adocco). Relacionan a
Bautista con sobrevaluaciones de obras como el edificio de Bellas
Artes, el de la Suprema, la universidad que construyó el Estado
dominicano en Haití y con soborno para conseguir contrata en el vecino
país.
El pasado año el director de Persecución de la Corrupción
Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, archivó de forma definitiva
dos de las cuatro denuncias, presentadas este año, sobre corrupción
contra Bautista. A la fecha dos de las tres objeciones al auto de
archivo fueron acogidas por los jueces de la SCJ, Víctor Castellanos y
Esther Casasnovas, y se revocaron los ordinales que engavetó las
denuncias de Cona y Adocco. Ahora, la misma jueza Esther Agelán tiene en
sus manos la última palabra al mantener en estado de fallo la objeción
presentada por el Movimiento Ciudadanos Contra la Corrupción (C3) ante
un archivo definitivo.
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